Un auditor de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha señalado este jueves en la Audiencia Nacional que la sociedad pública madrileña Campus de la Justicia incurrió en una «generalizada» ausencia de justificación de contratos que adjudicaba.
«Es generalizada la falta de una justificación de necesidad del gasto y una mera cuantificación del mismo, salvo en algunos contratos de seguridad, en los cuales hay la memoria justificativa que explica la necesidad del contrato e incluso se cuantifica el presupuesto», ha relatado al declarar como perito en el juicio sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Ha señalado que no constan documentos en los que se explique la necesidad del gasto, su definición y su cuantificación, por lo que se dan «irregularidades en todos los puntos de ejecución, desde la idea inicial hasta el pago de la factura».
Y ha expuesto que «no hay ningún contrato que esté correcto y en algunos las infracciones son gravísimas», al ser preguntado si en los investigados ha encontrado incumplimientos de las normas que regulan la contratación pública.
Contratos a dedo
Como ejemplo, el interventor ha mencionado que en la contratación del arquitecto Norman Foster para el diseño de edificios «no hay justificación ni de por qué él, ni de condicionamientos técnicos o legales», para añadir que cree que hubo adjudicaciones a dedo.
Además, el interventor ha subrayado que dentro de la empresa no había un sistema de control interno de la contratación para vigilar su corrección y legalidad. Y ha hecho hincapié en la «debilidad estructural», por su «escaso personal».
«Y eso, evidentemente, es la causa de que muchas de las acciones tienen que externalizarse obligatoriamente. Se externaliza gran parte de la ejecución y el control de la ejecución. Causa de ello, la propia debilidad estructural de la etapa», ha indicado, apuntando también a externalizaciones injustificadas.
Violación del objeto social
El perito ha indicado que se encontró casos de clara violación del fin social de Campus de la Justicia, sobre todo en patrocinio y en exposiciones que se realizaron.
«Creo que no es objeto de la empresa la divulgación de un concepto abstracto de justicia, que es más o menos lo que se transmite en las exposiciones», ha manifestado.
La Fiscalía solicita 8 años de cárcel para el exconsejero madrileño Alfredo Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para el resto de acusados, que formaban parte del equipo directivo de Campus: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
Campus de la Justicia fue creada en 2005 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) para levantar un complejo de edificios que aglutinara las sedes judiciales de la región, pero el proyecto resultó fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros.
Prada y los demás acusados, según el primer juez instructor, se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: «Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación».
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