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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se posicionó en contra de la eliminación de órganos autónomos, argumentando que implica el resurgimiento de un modelo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el cual demostró “serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios”.
El IFT también resaltó que el modelo anterior a la reforma constitucional de 2013 no aseguraba la competencia en el mercado y de volver a él representaría un “grave retroceso en perjuicio de las personas usuarios y audiencias” de México.
Detalló que antes de la reforma, las decisiones del regulador estaban supeditadas a la revisión del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien podría modificar o revocar determinaciones del regulador, situación que alejaba la toma de decisiones de criterios técnicos y jurídicos claros y robustos.
Entre los beneficios que resaltó el IFT a 11 años de su creación como órgano constitucional autónomo destacan:
Ayer, diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general la desaparición de órganos autónomos, como el INAI, IFT, COFECE, CNH, CRE y Coneval, por lo que sus funciones serán trasladadas a las dependencias.
De acuerdo con el gobierno federal estos organismos no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino “que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”.
El proyecto avalado establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaparecerá, por lo que sus actividades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
También desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía.
Además, modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el proyecto, se busca que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica y la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparece es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.
Asimismo, desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, las cuales estarán en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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