El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en el ejercicio de sus competencias estatutarias de defensa de la profesión y de protección de la dignidad del colectivo profesional, presentará en el día de mañana una denuncia formal ante la Secretaría Coordinadora Provincial de Madrid y ante el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con la conducta de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que ha vulnerado gravemente el deber de respeto institucional hacia un abogado colegiado.
Los hechos que motivan la denuncia se originan en la redacción de un auto de desistimiento dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 32 de Madrid, en el que el LAJ interviniente, al referirse al letrado que actuaba en representación de una de las partes, incluyó la siguiente expresión literal: “Quizás el recurrente o/y su asistencia legal adolece de un problema de dislexia mental que debería tratarse médicamente”.
Desde el ICAM se califica esta manifestación como profundamente ofensiva, innecesaria y atentatoria contra la dignidad de la abogacía, al utilizar un lenguaje inapropiado, irónico y clínicamente despectivo que descalifica injustificadamente la capacidad profesional del abogado, desviándose del tono y forma que exige una resolución judicial y afectando directamente al libre ejercicio del derecho de defensa.
El ICAM recuerda que esta actuación infringe lo dispuesto en la reciente Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, que consagra en su artículo 14.3 el derecho de los profesionales de la abogacía a un trato digno, respetuoso e igualitario en todos los ámbitos de actuación, incluidas las relaciones con los órganos judiciales y personal jurisdiccional.
Asimismo, contraviene los principios recogidos en la Guía del ICAM para la defensa de la abogacía, en la que se establece que cualquier comentario que humille, denigre o ridiculice al profesional —más aún si queda plasmado en un documento oficial— constituye un supuesto claro de trato desconsiderado institucional y debe ser objeto de respuesta inmediata por parte del Colegio.
El ICAM va a solicitar que se inicie un expediente informativo y que, si procede, se adopten las medidas correctivas correspondientes, en defensa no solo del profesional afectado, sino del conjunto de la abogacía madrileña y de los principios básicos que rigen un sistema de justicia respetuoso con el Estado de Derecho.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón ha recordado que “el respeto institucional hacia la abogacía no es una cuestión de cortesía, sino una condición esencial para garantizar la tutela judicial efectiva y la confianza en el sistema de justicia”. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Colegio con la denuncia firme de cualquier comportamiento que degrade, obstaculice o menoscabe el ejercicio libre y digno de la profesión.
Y concluye: “El ICAM, como corporación de derecho público, continuará utilizando todos los instrumentos a su alcance para proteger a sus colegiados y asegurar que el derecho de defensa se ejerza sin presiones, descalificaciones ni ataques personales, especialmente por parte de quienes ostentan funciones públicas”.
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