El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto para aprobar la Autoridad independiente de protección del informante, para proteger a quienes colaboren con la Justicia para denunciar y esclarecer casos de corrupción.
El ministro ha explicado que este organismo será independiente y por tanto no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de ninguna otra administración, aunque quedará inscrito a nivel organizativo y presupuestario en el Ministerio que él dirige. No obstante, el objetivo es que llegue a tener presupuesto propio, según ha precisado.
A este respecto, fuentes gubernamentales precisan que el presidente de la autoridad independiente será designado a propuesta del ministro de Presidencia y aprobado por mayoría absoluta en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados.
Bolaños ha señalado que esta autoridad protegerá a quienes informen de «infracciones normativas y de cualquier caso de corrupción», como parte de las primeras medidas del Plan de Acción por la Democracia anunciado recientemente por el Ejecutivo. En concreto esta medida forma parte del bloque de medidas para fortalecer la legislación para luchar contra comportamientos ilícitos, ha remarcado.
En este sentido señala que con este real decreto se da un paso adelante que pone de manifiesto la facilidad que da el Gobierno para que cualquier persona que conozca un hecho denunciable lo denuncie y tenga garantías de que no tendrá «ningún efecto negativo para él».
Además del presidente de la autoridad independiente, se constituye también la comisión consultiva de protección del informante, formada por personas «con trayectoria indiscutible» en instituciones como la Fiscalía y el Banco de España entre otros que se integrarán en esta comisión para dar apoyo al presidente.
Bolaños ha detallado como sería el funcionamiento de la autoridad, al señalar que, por ejemplo, un ciudadanos que tenga conocimiento de la comisión de un delito o una irregularidad tiene a partir de ahora un «canal adicional» para poner esa denuncia y para hacer a la Administración «partícipe» de la misma.
«A partir de ahí se activan una serie de mecanismos para facilitar al denunciante que pueda hacerlo con garantías. La autoridad comprobará la denuncia, hará las investigaciones y las pesquisas que considere oportunas y si considera que esa denuncia es verosímil, la trasladará al Ministerio Fiscal», ha explicado.
En todo momento se mantendrá «el anonimato» del denunciante para garantizar su protección y además la autoridad adoptará las medidas de protección del denunciante que considere oportunas «frente a cualquier represalia que pueda tener».
En este catálogo de medidas de protección se incluye la «nulidad de cualquier acto que suponga una represalia contra ese denunciante y también la capacidad que tendrá la autoridad independiente de sancionar conductas represoras contra el denunciante», añade.
Además, se emplearán «medios de apoyo» a las personas denunciantes, desde asesoramiento jurídico y psicológico hasta incluso «asistencia financiera» si fuera preciso. Por tanto, el Ejecutivo considera que este organismo supone «una garantía para la protección de las personas informantes y un pilar institucional clave en la lucha contra la corrupción», apunta Bolaños.
Esta oficina tramitará informaciones que tengan que ver con la Administración General del Estado, pero también con el resto de organismos e instituciones que componen el sector público, además de los organismos constitucionales que conforman la arquitectura institucional del país. También podrá conocer denuncias que afecten al sector privado cuando estas se refieran a actividades en más de una comunidad autónoma.
El real decreto establece además que las comunidades autónomas tendrán que crear autoridades independientes similares a la del ámbito estatal y si no lo hacen, habrán de suscribir un convenio con la autoridad independiente central que, desde ese momento, también podrá tener estas competencias en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
«Por tanto, esta autoridad independiente coordinará a todas las autoridades independientes de las distintas comunidades autónomas y todos los organismos de control ya existentes o que se puedan crear con estas funciones», añade.
Fiscalías sobre delitos económicos y contra la administración
Además, el Gobierno ha aprobado un segundo real decreto que crear 79 plazas para la plantilla del Ministerio Fiscal con el fin de mejorar la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos.
En concreto, se crean dos Fiscalías de Sala para luchar contra la corrupción pública y privada: la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos. «Esto va sin duda a dotar de mayor especialización al trabajo que hace la Fiscalía en su rol de persecución del delito», ha resaltado Bolaños.
Además, el Gobierno crea plazas de fiscales para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Almería, Málaga, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona. Por último, también refuerza los servicios de la Fiscalía en su lucha contra la delincuencia organizada en zonas como Cádiz y Algeciras.
Para el ministro, estas medidas «envían un mensaje muy claro de que este Gobierno está con la Fiscalía para la persecución del delito. Y para eso especializamos unidades adscritas y lo hacemos para convertir mayor conocimiento en la persecución del crimen. Y, por supuesto, creamos plazas de fiscales allí donde creemos que son imprescindibles», subraya.
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