El Gobierno ha decidido finalmente aplazar a la próxima semana la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Trabajo.
Inicialmente, el proyecto iba a recibir luz verde del Consejo de Ministros este mismo martes, pero debido a las circunstancias creadas por el apagón, tomó la decisión de aprobarlo en el Consejo de Ministros extraordinario de hoy. Finalmente, el Gobierno no aprobará el proyecto este miércoles y lo llevará al Consejo de Ministros de la semana que viene.
Una vez aprobada, la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, aterrizará en el Congreso, donde el Gobierno espera atar los apoyos suficientes para sacarla adelante.
La llegada del texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT a la mesa del Consejo de Ministros se producirá más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley, una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).
Aunque estaba prevista su aprobación antes del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, finalmente el proyecto de rebaja de jornada se aprobará en un Consejo de Ministros posterior a esta histórica fecha. La puesta en marcha de la rebaja de jornada será una de las reivindicaciones más importantes de los actos que han convocado CCOO y UGT para conmemorar el Día del Trabajo.
El Ministerio calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.
En concreto, según el Departamento que dirige Yolanda Díaz, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.
Para Trabajo, la rebaja de jornada en sí no lo más importante de este proyecto de ley, sino que considera que la medida estrella es la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Este registro horario será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.
El objetivo es que el registro de la jornada sea «objetivo, fiable y accesible», de manera que deberá contar con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido.
También deberá identificarse «inequívocamente» a la persona que registra los asientos para garantizar la «autenticidad» de los datos y a través de un formato «tratable, legible y compatible» que permita a los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección acceder de forma inmediata al registro de jornada en el centro de trabajo, y en cualquier momento, de manera interoperable y en remoto.
Además, la empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley que incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada cuando estén fuera de su jornada laboral.
Trabajo quiere que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
Endurecimiento de las sanciones: multas de hasta 10.000 euros
De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Y después, la negociación parlamentaria
Tras la aprobación del proyecto, la reducción de jornada aterrizará en el Congreso, donde no se prevé ningún camino de rosas para sacarla adelante. El Gobierno lleva ya tiempo negociando con sus socios, pero Junts no parece que vaya a hacerle las cosas fáciles, sobre todo por la oposición de la patronal catalana Fomento del Trabajo a la medida.
Conscientes de que la tramitación parlamentaria de la norma y la presentación de enmiendas podría modificar lo acordado, los sindicatos CCOO y UGT ya han advertido de que «presionarán» a las formaciones políticas para que «no desnaturalicen» lo que pactaron con Trabajo.
Por su parte, CEOE y Fomento del Trabajo ya han advertido de que tratarán de influir sobre los grupos parlamentarios para que alguna formación contraria a imponer por ley la rebaja de jornada presente una enmienda de totalidad al texto.
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