El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, alerta del aumento de casos de violencia de género en la comunidad autónoma, un 17,3% en el último año. «Es una tragedia estructural que exige una respuesta valiente, sostenida y dejar de normalizar el machismo cotidiano que alimenta la violencia extrema», sentencia tras el primer crimen machista de 2025 en Galicia, con la muerte de una septuagenaria en el municipio ourensano de O Bolo.
En una entrevista concedida a Europa Press, y al analizar los datos de criminalidad en su conjunto, afirma que se incrementa en la comunidad autónoma «de forma poco significativa». «En torno a un 2%, quizás menos», asevera para precisar que los más comunes son lesiones, delitos contra la propiedad y el orden socioeconómico y los vinculados a la seguridad vial.
«Pero en el último año hemos detectado que ha pasado a primer plano los delitos como estafas y hurtos», señala para admitir que existe «cierta preocupación» por la incorporación, además, de medios tecnológicos y de la Inteligencia Artificial para realizar estafas, como el cometido a una empresa en Vigo «mediante una videollamada falsa a un jefe», recuerda.
«La inteligencia artificial genera beneficios, pero también perjuicios, casos en los que ha habido suplantación de identidad con clonación de voz e imágenes o las brechas de seguridad en las empresas y que son aprovechadas», cita como otro ejemplo.
Por ello, apela a «tomarse muy en serio la ciberseguridad» ante lo que califica como «un problema» que, a su juicio, debe abordarse con «formación» de todos los implicados, desde fiscales y jueces hasta cuerpos de seguridad, pero también a nivel legislativo. En este sentido, cita la aprobación de la ley de IA en Galicia, pendiente aún a nivel estatal. Mientras, recuerda que la Fiscalía dispone ya de un departamento especializado en delincuencia informática.
Violencia de género
Por otra parte, respecto a la situación de la violencia de género, al ser cuestionado por el primer crimen machista registrado en Galicia este año, subraya que España es un «país pionero», al que otros países «copian». «Se crean juzgados especiales, hay una cierta protección a las víctimas, campañas de concienciación, tenemos el mecanismo VioGén, pero, a pesar de eso, sigue aumentando», señala sobre los casos registrados.
En concreto, según datos de la Fiscalía, un 17,39% en el último año en Galicia. «Es absolutamente necesario que se denuncie, comprendemos el miedo, la desconfianza, la falta de apoyo, pero esto no es solo un problema judicial, es un problema de educación y hay que actuar contra esos discursos que trivializan o niegan esta realidad».
«Sobreproducción» de droga
En relación a si está aumentando el tráfico de drogas — ya sea a pequeña escala, con denuncias vecinales a este respecto, o a una mayor tras los últimos casos de narcolanchas — precisa que los delitos incoados por este motivo estuvieron «en torno al 14 por ciento en 2024».
«Es bastante», reconoce para remarcar que «todos los expertos entienden que estamos en un momento de sobreproducción mundial de cannabis y heroína que entra por todos los medios, terrestre, marítimo y aéreo» por existir una «gran capacidad de distribución».
«Los expertos perciben que hay una escasa percepción social del riesgo para los ciudadanos». «Hemos normalizado que el consumo de drogas es algo que existe en determinados ambientes y contra eso hay que luchar, no se puede bajar la lucha contra este tipo de delincuencia», remarca para apuntar como soluciones la «reacción política, social, una estrategia, más medios y un ámbito legislativo donde se puede seguir actuando».
Junto al papel de la Fiscalía Antidroga, destaca el de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos «para gestionar bien el patrimonio y todo lo que se incauta a los narcotraficantes», apostilla al incidir en la labor que se debe hacer en este sentido.
Agresiones a personal de la sanidad
Preguntado sobre las últimas demandas de actuaciones ante las agresiones a personal que trabaja en el ámbito sanitario, destaca el acuerdo con la Consellería de Sanidade, introduciendo medidas propias y para regular sanciones de manera administrativa y no penal, al tiempo que recalca que el papel de la Fiscalía será agilizar las denuncias que llegen «para que todo funcione lo más rápidamente posible».
«Es fundamental la denuncia», insiste pese a manifestar que entiende la «desconfianza» que pueda generar la «lentitud judicial». Por otra parte, apela la educación. «La sociedad tiene que entender que proteger a los sanitarios es proteger a la propia Sanidad».
Críticas a decisiones judiciales
En otro orden de cosas, en relación al cuestionamiento de decisiones judiciales, como la última en relación al caso Dani Alves, afirma que las mismas «forman parte de un sistema democrático sólido, siempre que se haga con respeto».
«El caso de Dani Alves demuestra que el Poder Judicial está actuando, hay una primera sentencia condenatoria, la segunda es absolutoria y eso puede recurrirse al Tribunal Supremo». «La Justicia no se hace en platós de televisión o en las redes sociales, se hace a través de un procedimiento justo y en el que hay que respetar todos los principios, también la presunción de inocencia y el caso Alves refuerza la imagen del Poder Judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho».
«Lo que está diciendo es que el Poder Judicial actúa independientemente al margen de la presión mediática, lo contrario es la deslegitimación, la sospecha permanente a los jueces que no es otra cosa que lesionar el Estado de Derecho».
Fiscal General del Estado
Sobre la causa penal abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, admite que la existencia de la misma «es un hecho grave que tiene un impacto institucional importante», pero añade que «la credibilidad de la Fiscalía debe estar al margen de toda duda».
«Naturalmente que afecta y daña su imagen personal y a la carrera fiscal en su conjunto y la credibilidad que pueden tener en su institución», admite en relación a la percepción de la sociedad.
Más fiscales
Ya sobre la situación de la plantilla fiscal en Galicia, explica que ahora cuentan con 153 fiscales y reconoce que «con carácter general» no es un número necesario por lo que demanda «un aumento» y más, sostiene, «si pensamos en el futuro inmediato cuando se traslade la instrucción al Ministerio Fiscal». «Necesitamos una ratio más aproximada a la europea».
En relación a esta cuestión, hace referencia también a los cambios que traerá la Ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. «El Gobierno dijo que va a crear 53 juzgados de violencia sobre la mujer, cuatro en Galicia, uno de nueva creación en Santiago y otro en Ourense y los de Vigo y Coruña que se transforman de Instrucción a Violencia de Género, con dos en cada una», explica. En este contexto, respalda la petición del fiscal jefe del área para crear dos plazas más o tres de fiscales en Santiago. «Esperemos que todo vaya a mejor», añade.
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