El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al esperado nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, previsto por la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y que debía haberse aprobado hace meses, y al nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 en el que se definen los objetivos y prioridades para este periodo.
«Los cooperantes españoles, que constituyen uno de nuestros mayores activos en el campo de la cooperación, mejoran sus condiciones y contribuimos a la existencia de una carrera profesional digna, como sucede en otros ámbitos de nuestra acción internacional», ha defendido en rueda de prensa al término del Consejo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
El nuevo estatuto, que sustituye al de 2006, está previsto en la Ley de Cooperación aprobada en febrero de 2023 y debía haber visto la luz en un plazo de seis meses, pero el adelanto electoral ha retrasado hasta ahora la validación del real decreto. Con él, ha precisado, se fortalece el marco regulatorio ya existente y se adapta «a las necesidades actuales de este colectivo asegurando una carrera profesional digna y atractiva que nos permita atraer, promover y retener el talento dentro del sistema de la cooperación».
Entre las novedades que incorpora figura que se extiende al cónyuge o pareja del cooperante, sus descendientes y ascendientes en caso de que dependan de él, la garantía de un seguro colectivo concertado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cuando estos no estuvieran cubiertos por el régimen de protección correspondiente.
Según ha destacado el ministro, se recoge, como preveía la ley, el que «las personas cooperantes y los trabajadores humanitarios se beneficien de un régimen de indemnizaciones por fallecimiento o por incapacidad similar al de los periodistas que trabajan en zona de conflicto o al de nuestras tropas que participan en operaciones internacionales de paz».
Perfil profesional del cooperante en el SEPE
Además, se contempla la creación de «un perfil profesional específico en la clasificación de ocupación del Servicio Público de Empleo (SEPE), lo que va a contribuir a la profesionalización del sector y al reconocimiento de la labor y del trabajo de los cooperante», ha resaltado.
También se establecen medidas para promover la formación y el desarrollo profesional de las personas cooperantes, como la obligatoriedad de que las entidades promotoras de doten de un plan de formación, así como para facilitar su reincorporación una vez finalizada su misión internacional.
Por lo que se refiere al Plan Director, se trata del «documento estratégico» que sienta las bases para que la Cooperación Española pueda hacer frente en los próximos cuatro años a los grandes desafíos globales actuales como la construcción de la paz, el hambre, las desigualdades o la crisis climática.
El plan, resultado de un amplio proceso de consulta previa según el ministro, «apuntala el compromiso y una demanda histórica de la sociedad española de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el año 2030» que se recoge en la Ley de Cooperación así como el que se destine el 10% de la AOD a ayuda humanitaria. Esta ayuda, ha precisado, se ha triplicado con este Gobierno hasta los 114 millones de euros.
El Sahel, área prioritaria
Una de las principales novedades, ha resaltado, es que se incluye África Occidental y Sahel como una de las regiones prioritarias a nivel geográfico y por primera vez se elaborará una Estrategia de la Cooperación Española para el conjunto de África Subsahariana. En lo que se refiere a esta región, se identifica como países prioritarios Cabo Verde, Senegal, Níger, Mali, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique.
Albares ha indicado que se pondrá «énfasis especial en la creación de oportunidades de empleo y en la formación de la juventud, muy especialmente de mujeres» en una región donde la población es muy joven y la inestabilidad que impera en muchos de estos países les priva de una perspectiva de futuro.
Asimismo, se mantiene a América Latina y el Caribe también como región prioritaria, con la vista puesta en especial en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el norte de África y Oriente Próximo, se identifica a Marruecos, Mauritania, la población saharaui refugiada en los campos de Tinduf (Argelia), Túnez, Egipto, Jordania, Palestina y Líbano, mientras que en Asia, solo hay un país prioritario, Filipinas, por su pasado histórico.
A este listado se suman otros dos países de interés en el contexto actual, Ucrania y Afganistán, a los que podrían añadirse otros en el futuro, y además en el Plan Director se deja claro que también se atenderán las emergencias que puedan surgir durante el periodo que abarca.
Para cada uno de estos países se elaborará un documento de planificación que podrán ser de tres tipos: Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible, Alianza para el Desarrollo Sostenible, o Estrategia de Cooperación. No obstante, no se define qué tipo de documento para cada país porque se considera que «la evolución de los países no es lineal y que las circunstancias cambian con el tiempo».
Además, también se reforzará la cooperación a través de organizaciones regionales en estas áreas prioritarias y, conforme a la apuesta decidida por el multilateralismo está previsto que Exteriores junto con el Ministerio de Economía elaboren una Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible en la que se determinarán las asociaciones con las agencias, fondos y programas de la ONU así como con otros organismos multilaterales.
Según ha indicado Albares, el Gobierno prevé seguir aumentando sus contribuciones a los organismos multilaterales con vistas a «situar a España entre los 10 principales donantes a organismos multilaterales en el año 2027».
Además, se van a desarrollar «hojas de ruta específicas con diferentes actores del sistema de cooperación, ONG, sindicatos, universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, porque una de las grandes riquezas de nuestro sistema de cooperación es precisamente la cooperación descentralizada», ha puntualizado.
El nuevo plan apuesta por una serie de principios transversales a todas las acciones de la Cooperación Española: la construcción de la paz, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, los Derechos Humanos, el enfoque feminista y la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, la justicia climática y la diversidad cultural.
El Gobierno tiene pendiente aún de aprobar otros cinco reales decretos previstos en la Ley de Cooperación y que confía en presentar antes de que acabe el año, empezando por la reforma de la AECID. A esto se suman el relativo al nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), la reforma de la normativa de subvenciones, el refuerzo de los mecanismos de coordinación dentro del Gobierno y con la cooperación descentralizada y la creación del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible.
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