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Por: Lilia Aguilar Gil
No encuentro otra palabra que describa lo que pasa en las zonas serranas de Chihuahua.
El descontrol que existe se parece mucho al de una tierra en la que el más fuerte es la ley, y claramente no es el gobierno el más fuerte, sino exactamente lo contrario, en donde los grupos delincuenciales se disputan el territorio y la ciudadanía es presa de esta situación en descontrol.
¿Qué se está dejando de hacer en estas zonas o qué no se ha hecho nunca para que esto termine?
Tal como sucede en en las zonas serranas de Guerrero o Chiapas, en donde la dificultad de acceso contribuye a crear condiciones de pobreza, y por tanto, inseguridad, la zonas serranas de Chihuahua padecen del mismo problema y no se ha podido cambiar esta situación.
De acuerdo con informes de 4 organizaciones de la sociedad civil: Contec, Cedehm, Asmac,y Dhia, para la Relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas, afirman que al menos 61 eventos de desplazamiento han ocurrido entre el 2012 y el 15 de agosto de 2022 y uno ocurrido en 1996.
Estiman que existen al menos mil 703 víctimas, de las cuales, 648 son mujeres, 508, hombres y 524, niñas y niños en Chihuahua.
La gran mayoría procede de 11 municipios serranos, sobre todo de Guadalupe y Calvo.
Además, hay personas desaparecidas de otras 11 entidades de la República.
Se señala también que dentro de las acciones de violencia sufridas por las víctimas, se ubican cuando menos once diferentes: asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia de género en todas sus formas, agresiones físicas, las primeras de ellas relacionadas con integrantes o grupos del narcotráfico.
Las muestras de violencia no cesan, y cada vez son más escandalosas e indignantes.
Todas y todos recordamos el vergonzoso asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guia de turistas que hasta hace poco estaba impune, y está semana, el enfrentamiento que se registró en la comunidad de Santa Anita, municipio de Guachochi, en el que una iglesia del lugar quedó completamente rafagueada.
Las autoridades eclesiásticas han pedido que cesen estas disputas, sin embargo, obviamente no han sido atendidas.
Y así el descontrol en estos municipios, en donde siguen sin aparecer las autoridades no solo para controlar y poner orden, sino para atender a la gente que se convierte en víctima por doble partida.
Porque la reacción ha sido que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, entregó apoyos humanitarios para 400 familias, se distribuyeron más de mil 200 apoyos como colchonetas, cobijas y despensas con artículos de la canasta básica a la población que más lo requiere, pero eso no impidió que familias se desplazaran en búsqueda de la seguridad que no tienen en sus comunidades.
Y es que no se trata de curar con aspirinas lo que ya es una migraña.
Despensas y cobijas son paliativos que de poco sirven incluso a quienes van dirigidos.
La región está en completo descontrol, está es la verdad, lo que sigue es saber qué se puede hacer para cambiarlo, porque las víctimas son más allá que las que queden de esos enfrentamientos, son familias completas desplazadas a las que las autoridades no les están garantizando sus derechos humanos.
Por: Lilia Aguilar Gil
No encuentro otra palabra que describa lo que pasa en las zonas serranas de Chihuahua.
El descontrol que existe se parece mucho al de una tierra en la que el más fuerte es la ley, y claramente no es el gobierno el más fuerte, sino exactamente lo contrario, en donde los grupos delincuenciales se disputan el territorio y la ciudadanía es presa de esta situación en descontrol.
¿Qué se está dejando de hacer en estas zonas o qué no se ha hecho nunca para que esto termine?
Tal como sucede en en las zonas serranas de Guerrero o Chiapas, en donde la dificultad de acceso contribuye a crear condiciones de pobreza, y por tanto, inseguridad, la zonas serranas de Chihuahua padecen del mismo problema y no se ha podido cambiar esta situación.
De acuerdo con informes de 4 organizaciones de la sociedad civil: Contec, Cedehm, Asmac,y Dhia, para la Relatora de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas, afirman que al menos 61 eventos de desplazamiento han ocurrido entre el 2012 y el 15 de agosto de 2022 y uno ocurrido en 1996.
Estiman que existen al menos mil 703 víctimas, de las cuales, 648 son mujeres, 508, hombres y 524, niñas y niños en Chihuahua.
La gran mayoría procede de 11 municipios serranos, sobre todo de Guadalupe y Calvo.
Además, hay personas desaparecidas de otras 11 entidades de la República.
Se señala también que dentro de las acciones de violencia sufridas por las víctimas, se ubican cuando menos once diferentes: asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia de género en todas sus formas, agresiones físicas, las primeras de ellas relacionadas con integrantes o grupos del narcotráfico.
Las muestras de violencia no cesan, y cada vez son más escandalosas e indignantes.
Todas y todos recordamos el vergonzoso asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guia de turistas que hasta hace poco estaba impune, y está semana, el enfrentamiento que se registró en la comunidad de Santa Anita, municipio de Guachochi, en el que una iglesia del lugar quedó completamente rafagueada.
Las autoridades eclesiásticas han pedido que cesen estas disputas, sin embargo, obviamente no han sido atendidas.
Y así el descontrol en estos municipios, en donde siguen sin aparecer las autoridades no solo para controlar y poner orden, sino para atender a la gente que se convierte en víctima por doble partida.
Porque la reacción ha sido que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, entregó apoyos humanitarios para 400 familias, se distribuyeron más de mil 200 apoyos como colchonetas, cobijas y despensas con artículos de la canasta básica a la población que más lo requiere, pero eso no impidió que familias se desplazaran en búsqueda de la seguridad que no tienen en sus comunidades.
Y es que no se trata de curar con aspirinas lo que ya es una migraña.
Despensas y cobijas son paliativos que de poco sirven incluso a quienes van dirigidos.
La región está en completo descontrol, está es la verdad, lo que sigue es saber qué se puede hacer para cambiarlo, porque las víctimas son más allá que las que queden de esos enfrentamientos, son familias completas desplazadas a las que las autoridades no les están garantizando sus derechos humanos.
Osvaldo
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