El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado este martes un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por valor de 100 millones de euros a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
En concreto, esta línea de ayudas favorece el asociacionismo agroalimentario supraautonómico y tiene como beneficiarias a las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), reconocidas por el ministerio y sus sociedades mercantiles, de acuerdo con los objetivos de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas agroalimentarias.
De esta forma, dentro del período de aplicación del Plan Estratégico de la PAC se contempla un presupuesto de 100 millones de euros para apoyar la integración asociativa. Inicialmente se prevé repartirlo de forma de forma proporcional en tres convocatorias, los años 2025, 2026 y 2027.
Agricultura ha indicado que las ayudas tienen como finalidad conseguir entidades asociativas de carácter agroalimentario basadas en la economía social más eficientes y competitivas, mejor dimensionadas, con capacidad de concentrar la oferta y de adquirir un mayor poder de negociación.
Iniciativa para mejorar la competitividad agroalimentaria
Actualmente, hay reconocidas 18 entidades asociativas prioritarias que agrupan, en su conjunto, a casi 125.000 socios, con 270 entidades de base en 16 comunidades autónomas y con una facturación total que supera los 7.300 millones de euros.
Unos datos que confirman la relevancia que ha tenido la política de integración de cooperativas y otras entidades asociativas, además de su efecto directo sobre el incremento en la dimensión y la competitividad de estas entidades.
Estas ayudas dan continuidad a las establecidas en el anterior marco financiero, incluidas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2022, cuando se apoyaron 252 proyectos, con un gasto público que ronda los 211 millones de euros.
Entre las novedades de estas bases destacan como mejoras respecto al período anterior, la redefinición e inclusión de nuevas finalidades como la reducción del desperdicio alimentario y de las emisiones de gases de efecto invernadero, la introducción de tecnologías digitales en las empresas, la mejor gestión de los recursos hídricos en la industria y el aprovechamiento de subproductos, gestión de residuos y de efluentes.
Aumenta, además el porcentaje máximo de la ayuda por proyecto de inversión, que será de un 65% de los gastos elegibles en el caso de las EAP y de un 50% en el caso de entidades mercantiles participadas mayoritariamente por ellas.
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