El Ejecutivo aprueba ayudas directas, amplía la subvención a los seguros agrarios, flexibiliza la aplicación de la PAC e incluye exenciones fiscales y medidas sociales. Además, la normativa de seguridad y salud en los lugares de trabajo tendrá en cuenta los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.
La Moncloa, Madrid
Por otro lado, 1.400 millones se destinarán garantizar la disponibilidad de agua, a través de la construcción de plantas desalinizadoras, de los bombeos de emergencia y la adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento. También se fomentará la reutilización de aguas urbanas para alcanzar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al suministro de las poblaciones.
El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros tiene como objetivo asegurar el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la regularidad de la producción agroalimentaria durante el actual episodio de sequía, uno de los más severos de los últimos años, agravado por las escasas lluvias y las altas temperaturas de 2022. La reserva hídrica española está actualmente al 48,9% de su capacidad total, muy por debajo de la media del 68,7% de los diez últimos años.
Una de las novedades será la concesión de ayudas directas, por importe de más de 636 millones de euros. 360 millones se destinarán a los productores de carne y de leche de ganados vacuno, ovino y caprino ganadero, así como al sector apícola, y 276,7 serán para el sector agrario.
El importe destinado en 2023 a subvencionar la prima del seguro agrario aumenta en 40,5 millones, hasta los 359 millones de euros. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la contratación de las pólizas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía.
En el ámbito fiscal, se ha acordado la exención de las cuotas del Impuesto e Bienes Inmuebles (IBI) rústico para las explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en este ejercicio una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, o de un 30 % en las demás. El pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduce para los más 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.
Las medidas de liquidez, como los préstamos bonificados o el pago de los avales para recibir un préstamo bonificado, que ya preveían 25 millones para agricultores y ganaderos, contarán con otros 23 millones de euros más.
En relación con la Política Agrícola Común (PAC), se alarga hasta el 30 de junio el plazo actualmente abierto para solicitar las ayudas, y se escalona la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación, que podrá retrasarse hasta el 1 de enero de 2024 o de 2025 según los casos. Además, quedarán exentas de tributación las ayudas que se perciban por ecorregímenes.
Entre las medidas de carácter social se incluyen el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social para las empresas del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y se prorrogará la medida excepcional de reducción a 10 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a los eventuales agrarios de Andalucía y de Extremadura.
En apoyo a los regantes, aquellos titulares de derechos que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos tendrán una bonificación del canon: el 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si ha sido de entre el 40 % y el 60 %. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del 50 % en la cuota del canon.
Finalmente, el Gobierno ha acordado modificar la normativa actual que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para adoptar medidas preventivas específicas ante fenómenos meteorológicos adversos (calor, frío o viento). Estas medidas deberán tener en cuenta la tarea y la persona que la realiza.
Además, debido a las altas temperaturas ya registradas esta primavera, el Plan Nacional de actuaciones preventivas frente a los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud adelantará su entrada en vigor al próximo 15 de mayo y se prolongará hasta el 15 de septiembre.
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