El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este jueves de que el Pleno ha acordado tomar conocimiento del informe elaborado en el seno de su institución sobre la reforma impulsada por el Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), si bien no será sometido a votación para que sean los nuevos vocales quienes lo hagan tras su nombramiento.
Así lo señalan fuentes jurídicas a Europa Press en relación a ese informe, de más de 500 páginas y que llega después de que en marzo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, urgiera al órgano de gobierno de los jueces a que lo presentara en el plazo de una semana.
Cabe recordar que el pronunciamiento del CGPJ sobre este anteproyecto de ley que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales estaba pendiente desde 2021. Fuentes del CGPJ señalaron ante el ultimátum de Bolaños que ese plazo de una semana era «inviable» dada la gran «complejidad» del análisis.
En el informe, recogido por esta agencia de noticias, se concluye que «la atribución al fiscal de la dirección de la investigación penal, estatuyendo mecanismos de control judicial y de garantía de derechos fundamentales, entra dentro de lo constitucionalmente posible». Y pone como ejemplo que «no parece que se ciernan dudas de inconstitucionalidad sobre las competencias instructoras del Ministerio Fiscal en la jurisdicción de menores», que ya es de competencia.
No obstante, matiza que este nuevo modelo procesal penal en el que la Fiscalía es «la clave de bóveda de la fase de instrucción» sólo puede ponerse en marcha si con carácter previo «se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio público».
«IMPERATIVO» REFORZAR LA INDEPENDENCIA
Añade que la independencia «es precondición necesaria» de los principios de legalidad e imparcialidad. Y recuerda que si bien el Estatuto recoge previsiones al respecto, «resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación».
Al hilo, el informe suma que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha remarcado que «en una sociedad democrática, tanto los tribunales como las autoridades de instrucción deben permanecer libres de cualquier presión política» y que «es de interés general mantener la confianza de los ciudadanos en la independencia y neutralidad política de órganos instructores de un Estado».
Además, recuerda que dentro del Consejo de Europa, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) ha insistido en distintas resoluciones sobre la independencia del Ministerio Público «como elemento nuclear del Estado de Derecho».
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