El diputado señaló que, al menos durante los últimos 30 años, la minería se ha regido por una cadena de explotación y acuerdos de privilegio
El diputado por Morena, Benjamín Carrera destacó el impacto ambiental que traerá la reforma en materia de Minería, Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.
Aseveró que, con esta reforma, se tendrán importantes beneficios sociales y ambientales, pues recordó los daños que se han tenido en esos ámbitos a lo largo de la historia, los cuales han sido causados por la industria minera en el país.
Señaló que, al menos durante los últimos 30 años, la minería se ha regido por una cadena de explotación y acuerdos de privilegio que permitió que se congestionaran más de 90 millones de hectáreas; es decir, el 40 por ciento del territorio nacional.
Por esa razón es que se plantea reducir de 50 a 15 años las concesiones teniendo la oportunidad de recibir una sola prorroga por el mismo periodo de tiempo, así como modificar el esquema de otorgamiento para que se realicen mediante concurso público para que se garanticen las mejores condiciones económicas y ambientales.
Carrera Chávez especificó que con esta ley no se reducirá la importancia de la minería, sino que permitirá la regulación para que las empresas mineras que incurran en omisiones de daños o riesgos al medio ambiente y que no cuenten con programas de gestión de residuos ni cuenten con los permisos, se les cancele la concesión.
De igual manera, destacó que se pretende tener una estricta regulación de las concesiones con el objetivo de privilegiar el uso del agua para consumo humano; esto, ante las cantidades industriales que se utiliza en la minería durante los procesos de extracción.
Recordó los conflictos que se han presentado en la entidad entre las comunidades y empresas mineras por la falta de regulación en la materia, razón por la cual se pretende eliminar el carácter de preferente de la actividad minera para que la presencia de minerales no justifique la expropiación a favor de particulares; es decir, se privilegiará el beneficio colectivo sobre el privado.
Concluyó resaltando que se impulsará la democracia participativa como derecho toda vez que se incluirán procesos de consultas previas a pueblos y comunidades indígenas para que el otorgamiento de una concesión reconozca como derecho prioritario el uso de recursos naturales a esas comunidades.
El diputado por Morena, Benjamín Carrera destacó el impacto ambiental que traerá la reforma en materia de Minería, Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.
Aseveró que, con esta reforma, se tendrán importantes beneficios sociales y ambientales, pues recordó los daños que se han tenido en esos ámbitos a lo largo de la historia, los cuales han sido causados por la industria minera en el país.
Señaló que, al menos durante los últimos 30 años, la minería se ha regido por una cadena de explotación y acuerdos de privilegio que permitió que se congestionaran más de 90 millones de hectáreas; es decir, el 40 por ciento del territorio nacional.
Por esa razón es que se plantea reducir de 50 a 15 años las concesiones teniendo la oportunidad de recibir una sola prorroga por el mismo periodo de tiempo, así como modificar el esquema de otorgamiento para que se realicen mediante concurso público para que se garanticen las mejores condiciones económicas y ambientales.
Carrera Chávez especificó que con esta ley no se reducirá la importancia de la minería, sino que permitirá la regulación para que las empresas mineras que incurran en omisiones de daños o riesgos al medio ambiente y que no cuenten con programas de gestión de residuos ni cuenten con los permisos, se les cancele la concesión.
De igual manera, destacó que se pretende tener una estricta regulación de las concesiones con el objetivo de privilegiar el uso del agua para consumo humano; esto, ante las cantidades industriales que se utiliza en la minería durante los procesos de extracción.
Recordó los conflictos que se han presentado en la entidad entre las comunidades y empresas mineras por la falta de regulación en la materia, razón por la cual se pretende eliminar el carácter de preferente de la actividad minera para que la presencia de minerales no justifique la expropiación a favor de particulares; es decir, se privilegiará el beneficio colectivo sobre el privado.
Concluyó resaltando que se impulsará la democracia participativa como derecho toda vez que se incluirán procesos de consultas previas a pueblos y comunidades indígenas para que el otorgamiento de una concesión reconozca como derecho prioritario el uso de recursos naturales a esas comunidades.
