La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el traslado de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) no implicarán ningún gasto financiero y no será necesario aumentar el presupuesto de la dependencia ni en este año ni en los subsecuentes.
Transparencia para el Pueblo, el órgano administrativo desconcentrado de la SABG ejercerá “las atribuciones del INAI bajo esquemas más funcionales y eficaces, y de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad republicana”, se establece en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La propia Secretaría de Hacienda señala que el proyecto “no implica un impacto presupuestario” en este ejercicio fiscal ni en los subsecuentes, “y tampoco se autorizarán recursos adicionales”.
Incluso, propone adicionar un artículo transitorio a la iniciativa presidencial en el que se establezca que “las erogaciones que se generen” con motivo de la entrada en vigor de esa legislación secundaria, así como las modificaciones a la estructura orgánica y ejercicio de atribuciones conferidas a la SABG, deberán cubrirse en el presente ejercicio fiscal “mediante movimientos compensatorios”.
En el artículo sexto transitorio de la iniciativa se consigna que 20 días hábiles después de la entrada en vigor de esa reforma, el INAI deberá transferir a la Secretaría Anticorrupción los recursos materiales con que cuente.
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