Denuncian a Tabe ante la FGR por peculado, desvío y daño al erario

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 55 millones 224 mil 600 pesos, que representó 100 por ciento de los recursos fiscalizados a la alcaldía Miguel Hidalgo, correspondientes a las participaciones federales a municipios en el ejercicio fiscal 2022, por lo que determinó que “infringió la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pública, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 22 millones 650 mil 700 pesos, que representó 41 por ciento de la muestra auditada”.

Infringió normativa y causaría daño por 22.
6 mdp, concluyó la Auditoría Superior

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 55 millones 224 mil 600 pesos, que representó 100 por ciento de los recursos fiscalizados a la alcaldía Miguel Hidalgo, correspondientes a las participaciones federales a municipios en el ejercicio fiscal 2022, por lo que determinó que infringió la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pública, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 22 millones 650 mil 700 pesos, que representó 41 por ciento de la muestra auditada.

En el informe de la Cuenta Pública 2022, en la Auditoría de Cumplimiento número 687, concluyó que la alcaldía no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022.

Los residentes Gustavo García y Ulises Labrador presentaron una denuncia en contra del alcalde Mauricio Tabe ante la Fiscalía General de la República por los posibles delitos de peculado, desvío de recursos y quebranto al erario.

Documentación incompleta

Aseguraron que no se presentó documentación suficiente que solventara las observaciones de los contratos y licitaciones realizadas para el arrendamiento de vehículos para seguridad pública de la demarcación, para la construcción del nuevo edificio de la alcaldía –por un monto de casi 10 millones de pesos–, además de la rehabilitación de los centros y espacios deportivos.

Mientras, la ASF, en el apartado Consideraciones para el seguimiento, dio un plazo de 30 días para que la alcaldía presente información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

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