El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) se ha reunido este miércoles en el Parlamento Europeo para trasladar su preocupación por las reformas legislativas que pretenden fragmentar el régimen estatal de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Su presidenta Pilar Ortega junto al resto de los representantes de la entidad, mantuvieron un encuentro con la eurodiputada Maravillas Abadía, habilitada nacional, y los eurodiputados, F. Javier Zarzalejos Nieto y Juan Ignacio Zoido, Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular Europeo y Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo. En la reunión, Cosital expuso que las recientes reformas legislativas en España -impulsadas a través de distintas leyes y enmiendas– ponen en riesgo la unidad, igualdad y seguridad jurídica del colectivo, al abrir la puerta a que las comunidades autónomas asuman competencias en la selección, clasificación y provisión de estos funcionarios.
El Consejo General ha alertado en un comunicado que estas medidas «podrían generar desigualdades territoriales, riesgos de fragmentación en la gestión de fondos europeos y debilitar el control interno y la sostenibilidad financiera de las entidades locales». Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya «ha anulado la primera de estas reformas y que otras están en proceso de revisión».
“Es importante recordar que lo que está en juego no solo es nuestra profesión, sino la igualdad de la ciudadanía, que merecen ser tratados de la misma manera, con buenos servicios y con instituciones que trabajen para mejorar su vida. Determinadas decisiones, como la desfragmentación de la habilitación nacional, afectan directamente a la ciudadanía”, ha expresado Pilar Ortega.
Por su parte, Maravillas Abadía trasladó a la delegación el compromiso del Partido Popular con la defensa de la habilitación nacional. Por todo ello, Cosital solicitó al Parlamento Europeo que inste al Estado español a derogar las reformas ya aprobadas y paralizar las que aún están en trámite, garantizando que el régimen de selección y gestión de los habilitados nacionales se mantenga en el ámbito estatal como garantía de igualdad, transparencia y buen gobierno local.
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