El caso entre Ulrich Richter Morales , abogado mexicano, y la empresa de tecnología, se remonta desde 2015 cuando Richter demandó a Google por daño moral y daños punitivos. Tras pasar por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia , la empresa podría pagar 5,000 millones de pesos. El pasado 13 de junio, el tribunal determinó que la compañía de Menlo Park es responsable por permitir la creación y divulgación de un blog titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria” en la plataforma Blogger, propiedad de Google. La empresa señala que celebra la decisión de la Corte, pues sienta un precedente en el uso de plataformas digitales en el país. Y en el uso de la libertad de expresión. “Confiamos que el más alto tribunal de México, en apego a los criterios que de manera consistente ha emitido en la materia, protegerá la libertad de expresión y resolverá conforme a derecho”, señaló a Expansión un vocero de Google. En marzo de 2022 la jueza Judith Cova Castillo determinó que la tecnológica era responsable de lo que Richter demandaba por “tolerar y permitir la publicidad y divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos del blog en forma injustificada”. Esto obligaba a la compañía a pagar 2,000 millones de pesos por daño moral por ser “omisa” al no retirar el blog que se aloja en su servidor y que, durante años, ha dañado la imagen del abogado con información falsa.
Sin embargo, tras un fallo a favor de Ulrich en junio de 2022, la empresa apeló el caso ante la Primera Sala. Con el voto a favor de 4 ministros y uno en contra, la empresa tendría que pagarle a Richter 5,000 millones de pesos. Además de este monto, Google podría pagar 700,000 pesos como indemnización mensual hasta que se cumpla la sentencia, esto por los daños materiales que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. En una primera etapa del litigio, Google argumentó que dado que su domicilio se encontraba en Estados Unidos, no podía ser juzgada en territorio nacional. Sin embargo, porque cuentan con oficinas en México, la justicia determinó que sí podía ser llevada ante los tribunales mexicanos.
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El caso entre Ulrich Richter Morales, abogado mexicano, y la empresa de tecnología, se remonta desde 2015 cuando Richter demandó a Google por daño moral y daños punitivos.
Tras pasar por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la empresa podría pagar 5,000 millones de pesos.
El pasado 13 de junio, el tribunal determinó que la compañía de Menlo Park es responsable por permitir la creación y divulgación de un blog titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria” en la plataforma Blogger, propiedad de Google.
La empresa señala que celebra la decisión de la Corte, pues sienta un precedente en el uso de plataformas digitales en el país.
Y en el uso de la libertad de expresión.
"Confiamos que el más alto tribunal de México, en apego a los criterios que de manera consistente ha emitido en la materia, protegerá la libertad de expresión y resolverá conforme a derecho", señaló a Expansión un vocero de Google.
En marzo de 2022 la jueza Judith Cova Castillo determinó que la tecnológica era responsable de lo que Richter demandaba por “tolerar y permitir la publicidad y divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos del blog en forma injustificada”.
Esto obligaba a la compañía a pagar 2,000 millones de pesos por daño moral por ser “omisa” al no retirar el blog que se aloja en su servidor y que, durante años, ha dañado la imagen del abogado con información falsa.
Sin embargo, tras un fallo a favor de Ulrich en junio de 2022, la empresa apeló el caso ante la Primera Sala.
Con el voto a favor de 4 ministros y uno en contra, la empresa tendría que pagarle a Richter 5,000 millones de pesos.
Además de este monto, Google podría pagar 700,000 pesos como indemnización mensual hasta que se cumpla la sentencia, esto por los daños materiales que establece la Ley Federal del Derecho de Autor.
En una primera etapa del litigio, Google argumentó que dado que su domicilio se encontraba en Estados Unidos, no podía ser juzgada en territorio nacional.
Sin embargo, porque cuentan con oficinas en México, la justicia determinó que sí podía ser llevada ante los tribunales mexicanos.
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