Los Ministerios de Justicia y Universidades han convocado la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a para el año 2023.
Al igual que en las convocatorias de 2021 y 2022, se realizará …
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Los Ministerios de Justicia y Universidades han convocado la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a para el año 2023.
La inscripción en la prueba es gratuita y podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia publicará la lista provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas a la prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia, apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de la Abogacía».
Para subsanaciones de los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista provisional y se realizarán de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en virtud de delegación contenida en el artículo 10.
j de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, se publicará la lista definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y se fijará la fecha y la hora para la realización del ejercicio.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado en la fecha de publicación de esta convocatoria, aunque no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia.
La finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de la Abogacía, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales.
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