El recurso legal es contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales
La comunidad rarámuri de Coloradas de la Vírgen, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales quienes no han podido garantizarles la vida, la salud y la vivienda.
Los 34 integrantes de la comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo, se encuentran en un riesgo extraordinario de perder la vida, ante la indiferencia del Estado y la Federación, por los que el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y Alianza Sierra Madre emprendieron la lucha jurídica.
“Es lamenta le que una comunidad indígena tenga que litigar al Estado”, señaló Ernesto Palencia, abogado de Alianza Sierra Madre (ASMAC).
Por años han denunciado amenazas, hostigamiento y homicidios por parte de los caciques de la región, dado que desde 1934 reclaman al Estado mexicano el reconocimiento ancestral de su territorio.
A pesar de que el pasado 15 de marzo de 2023 el Tribunal Agrario reconoció su posesión, ellos siguen sufriendo a causa de la violencia institucional y el desplazamiento.
Los conflictos en la comunidad se intensificaron cuando en 2007 las autoridades federales otorgaron permiso para el aprovechamiento forestal.
La lucha de la comunidad para revertir dichos permisos intensificó las amenazas, homicidios y la presencia de grupos criminales.
Antonio Palacios, abogado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres indígenas rarámuri quienes más de 30 años han defendido su territorio, los bienes naturales, lo que ha generado acoso, hostigamiento y homicidios, a la fecha son 15 personas de la comunidad las que han sido asesinadas, entre ellas el defensor Julián Carrillo Martínez, asesinado en octubre de 2018.
La abogada Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos de las Mujeres destacó que la situación de riesgo por la que atraviesa la comunidad es crítica y a ello se le suma el desplazamiento forzado que viven desde el 2018.
“Es un caso lamentable porque pareciera que ninguno de los recursos le ha alcanzado para garantizar la seguridad”.
El abogado Ernesto Palencia detalló que desde el 2014 se solicitó la incorporación de los miembros de la comunidad al Mecanismo de Protección, a la fecha son 34 personas las beneficiarias, todas desplazadas en condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, luz, seguridad en la vivienda, nula atención psicosocial y sin acceso a la salud.
Se detalló que en agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.
El Mecanismo de Protección les practicó las evaluaciones de riesgo, ya suman 5 y todas coinciden en que se encuentran en riesgo extraordinario, lo que les impide regresar a su comunidad.
El 29 y 30 noviembre de 2022, ya cas8 se cumple un año de que el Mecanismo aprobó el plan de protección para el Colectivo de Coloradas de la Vírgen, pero a la fecha todo se ha incumplido, poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, vivienda digna y a defender sus derechos.
La inoperancia del Mecanismo los llevó a interponer en el amparo indirecto, las autoridades federales involucrados son la Secretaría de Gobernación porque el dado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos depende de ella; al Coordinador Nacional del Mecanismo de Protección, Semarnat, Profepa y FGR.
En cuanto a las autoridades estatales esta el secretario general de gobierno quien incluso firmó una minuta donde se comprometió a implementar las acciones para cumplir con el plan, entre ellas vivienda digna; la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones de la Zona Sur, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que al solicitar su incorporación les fue negado el derecho.
Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que se promovió la demanda de amparo.
La comunidad rarámuri de Coloradas de la Vírgen, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales quienes no han podido garantizarles la vida, la salud y la vivienda.
Los 34 integrantes de la comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo, se encuentran en un riesgo extraordinario de perder la vida, ante la indiferencia del Estado y la Federación, por los que el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y Alianza Sierra Madre emprendieron la lucha jurídica.
“Es lamenta le que una comunidad indígena tenga que litigar al Estado”, señaló Ernesto Palencia, abogado de Alianza Sierra Madre (ASMAC).
Por años han denunciado amenazas, hostigamiento y homicidios por parte de los caciques de la región, dado que desde 1934 reclaman al Estado mexicano el reconocimiento ancestral de su territorio.
A pesar de que el pasado 15 de marzo de 2023 el Tribunal Agrario reconoció su posesión, ellos siguen sufriendo a causa de la violencia institucional y el desplazamiento.
Los conflictos en la comunidad se intensificaron cuando en 2007 las autoridades federales otorgaron permiso para el aprovechamiento forestal.
La lucha de la comunidad para revertir dichos permisos intensificó las amenazas, homicidios y la presencia de grupos criminales.
Antonio Palacios, abogado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres indígenas rarámuri quienes más de 30 años han defendido su territorio, los bienes naturales, lo que ha generado acoso, hostigamiento y homicidios, a la fecha son 15 personas de la comunidad las que han sido asesinadas, entre ellas el defensor Julián Carrillo Martínez, asesinado en octubre de 2018.
La abogada Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos de las Mujeres destacó que la situación de riesgo por la que atraviesa la comunidad es crítica y a ello se le suma el desplazamiento forzado que viven desde el 2018.
“Es un caso lamentable porque pareciera que ninguno de los recursos le ha alcanzado para garantizar la seguridad”.
El abogado Ernesto Palencia detalló que desde el 2014 se solicitó la incorporación de los miembros de la comunidad al Mecanismo de Protección, a la fecha son 34 personas las beneficiarias, todas desplazadas en condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, luz, seguridad en la vivienda, nula atención psicosocial y sin acceso a la salud.
Se detalló que en agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.
El Mecanismo de Protección les practicó las evaluaciones de riesgo, ya suman 5 y todas coinciden en que se encuentran en riesgo extraordinario, lo que les impide regresar a su comunidad.
El 29 y 30 noviembre de 2022, ya cas8 se cumple un año de que el Mecanismo aprobó el plan de protección para el Colectivo de Coloradas de la Vírgen, pero a la fecha todo se ha incumplido, poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, vivienda digna y a defender sus derechos.
La inoperancia del Mecanismo los llevó a interponer en el amparo indirecto, las autoridades federales involucrados son la Secretaría de Gobernación porque el dado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos depende de ella; al Coordinador Nacional del Mecanismo de Protección, Semarnat, Profepa y FGR.
En cuanto a las autoridades estatales esta el secretario general de gobierno quien incluso firmó una minuta donde se comprometió a implementar las acciones para cumplir con el plan, entre ellas vivienda digna; la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones de la Zona Sur, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que al solicitar su incorporación les fue negado el derecho.
Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que se promovió la demanda de amparo.
