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+Política +Administración Zulma Chacón
El mundo evoluciona constantemente, obligando a los gobiernos a innovar la manera de gobernar, es por ello, que la administración y las políticas públicas tienen que ser cada vez más democráticas y más transparentes, al servicio de una sociedad con mayor participación y exigencia.
En este marco se debe trabajar una política de comunicación social que pueda ser el enlace entre la transparencia y la administración pública.
Que busque establecer, a través de las áreas de Comunicación Social, una política integral, más allá de las prácticas tradicionales, de la relación entre la sociedad, los medios de comunicación y la administración pública.
Tanto los medios tradicionales como los que se apoyan en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, deben ser instrumentos y herramientas de un nuevo modelo de gobierno y sociedad, cuyo fin sea la transparencia, que por un lado cumpla con el precepto constitucional del derecho a la información y, por otro, permita la rendición de cuentas por parte de los diversos ámbitos de gobierno.
El trinomio comunicación, transparencia y administración pública puede lograr un cambio en la cultura de transparencia, promovido por una nueva relación con los medios de comunicación, la coordinación de esa área del Gobierno del Estado y la ciudadanía.
Basada en principios y valores democráticos, al servicio de una sociedad mucho más participativa, una democracia incluso más directa comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información y el acceso a la información pública, consagradas todas en la legislación chihuahuense.
La administración pública acerca el gobierno a sus gobernados.
El Estado representa el órgano político-jurídico llamado a regir los destinos de la humanidad y su evolución, desde cualquier punto de vista de las diversas escuelas del pensamiento que tratan de su estudio, ha ido pareja con el desarrollo social, político, cultural, educativo y económico de la comunidad cuya representación se le ha confiado.
La administración pública constituye el principal instrumento para concretar la acción del Estado, lo que hace a muchos decir que es el factor estratégico del desarrollo.
Si el bien colectivo depende principalmente de la gestión del Estado, su administración pública tiene que responder a un esquema que propicie los cambios políticos, económicos, sociales y culturales (Guzmán, 1994)
Esto nos señala la significación del estudio científico de la administración del Estado para que éste pueda encarar el reto del desarrollo y buscar soluciones compatibles con la idiosincrasia de cada país.
A pesar de las opiniones en contra, creemos que la administración pública es una ciencia, porque cuenta con principios que le son característicos, aplicables en cualquier organización.
Claro está, que como disciplina perteneciente al campo social, tiene que vincularse y auxiliarse estrechamente de otras, como las ciencias jurídicas.
Como bien apunta Jiménez Castro, “la demostración de que es un conjunto de conocimientos y de investigaciones con principios científicos propios está en su misma universalidad, puesto que el cuerpo doctrinal que constituye la administración puede ser aplicado con igual validez en empresas públicas o privadas, militares o civiles, grandes o pequeñas, chinas o latinas, puesto que no conoce limitaciones de fronteras, tamaños o campos de aplicación” (Castro, 1963)
Horacio López Basilio opina que, “la administración pública lleva implícitas funciones de gobierno y con ello de planeación, de organización, de integración, de dirección y control de la conducta ciudadana, del encauzamiento de los procesos sociales, de la consecución de los propósitos estatales, de las instituciones gubernamentales, relaciones entre poder y particulares, las libertades de estos últimos y sus límites”.
En este sentido, lo ideal sería entrelazar los tres conceptos: comunicación, transparencia y administración pública, con la participación ciudadana; enfocado a la disminución o alza de la inseguridad en el Estado, y ver de qué manera la ciudadanía pueda contribuir a través de la comunicación social y de la Ley de Participación Ciudadana.
Escríbame a:
+Política +Administración Zulma Chacón
El mundo evoluciona constantemente, obligando a los gobiernos a innovar la manera de gobernar, es por ello, que la administración y las políticas públicas tienen que ser cada vez más democráticas y más transparentes, al servicio de una sociedad con mayor participación y exigencia.
En este marco se debe trabajar una política de comunicación social que pueda ser el enlace entre la transparencia y la administración pública.
Que busque establecer, a través de las áreas de Comunicación Social, una política integral, más allá de las prácticas tradicionales, de la relación entre la sociedad, los medios de comunicación y la administración pública.
Tanto los medios tradicionales como los que se apoyan en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, deben ser instrumentos y herramientas de un nuevo modelo de gobierno y sociedad, cuyo fin sea la transparencia, que por un lado cumpla con el precepto constitucional del derecho a la información y, por otro, permita la rendición de cuentas por parte de los diversos ámbitos de gobierno.
El trinomio comunicación, transparencia y administración pública puede lograr un cambio en la cultura de transparencia, promovido por una nueva relación con los medios de comunicación, la coordinación de esa área del Gobierno del Estado y la ciudadanía.
Basada en principios y valores democráticos, al servicio de una sociedad mucho más participativa, una democracia incluso más directa comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información y el acceso a la información pública, consagradas todas en la legislación chihuahuense.
La administración pública acerca el gobierno a sus gobernados.
El Estado representa el órgano político-jurídico llamado a regir los destinos de la humanidad y su evolución, desde cualquier punto de vista de las diversas escuelas del pensamiento que tratan de su estudio, ha ido pareja con el desarrollo social, político, cultural, educativo y económico de la comunidad cuya representación se le ha confiado.
La administración pública constituye el principal instrumento para concretar la acción del Estado, lo que hace a muchos decir que es el factor estratégico del desarrollo.
Si el bien colectivo depende principalmente de la gestión del Estado, su administración pública tiene que responder a un esquema que propicie los cambios políticos, económicos, sociales y culturales (Guzmán, 1994)
Esto nos señala la significación del estudio científico de la administración del Estado para que éste pueda encarar el reto del desarrollo y buscar soluciones compatibles con la idiosincrasia de cada país.
A pesar de las opiniones en contra, creemos que la administración pública es una ciencia, porque cuenta con principios que le son característicos, aplicables en cualquier organización.
Claro está, que como disciplina perteneciente al campo social, tiene que vincularse y auxiliarse estrechamente de otras, como las ciencias jurídicas.
Como bien apunta Jiménez Castro, “la demostración de que es un conjunto de conocimientos y de investigaciones con principios científicos propios está en su misma universalidad, puesto que el cuerpo doctrinal que constituye la administración puede ser aplicado con igual validez en empresas públicas o privadas, militares o civiles, grandes o pequeñas, chinas o latinas, puesto que no conoce limitaciones de fronteras, tamaños o campos de aplicación” (Castro, 1963)
Horacio López Basilio opina que, “la administración pública lleva implícitas funciones de gobierno y con ello de planeación, de organización, de integración, de dirección y control de la conducta ciudadana, del encauzamiento de los procesos sociales, de la consecución de los propósitos estatales, de las instituciones gubernamentales, relaciones entre poder y particulares, las libertades de estos últimos y sus límites”.
En este sentido, lo ideal sería entrelazar los tres conceptos: comunicación, transparencia y administración pública, con la participación ciudadana; enfocado a la disminución o alza de la inseguridad en el Estado, y ver de qué manera la ciudadanía pueda contribuir a través de la comunicación social y de la Ley de Participación Ciudadana.
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Osvaldo
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