Se contemplan la compra y renta de productos y servicios tecnológicos en todo el país
La investigación, refirió la Cofece, abarca los procedimientos de compra y arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados, así como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet y servicios de mantenimiento de estos en todo el país.
El órgano antimonopolios recordó que las prácticas monopólicas absolutas son convenios arreglos entre agentes económicos competidores cuyo objetivo es la manipulación de precios mediante la limitación de la oferta o la demanda de bienes y servicios.
"Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias", explicó.
El plazo para esta indagatoria, añadió la Cofece, es de hasta 120 días hábiles contados a partir del 31 de marzo de 2022, mismo que podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, la Ley Federal de Competencia Económica señala que las empresas responsables podrían ser multadas con hasta 10 por ciento de sus ingresos.
Mientras que las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de hasta por 10 años, de acuerdo con el Código Penal.
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La investigación, refirió la Cofece, abarca los procedimientos de compra y arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados, así como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet y servicios de mantenimiento de estos en todo el país.
El órgano antimonopolios recordó que las prácticas monopólicas absolutas son convenios arreglos entre agentes económicos competidores cuyo objetivo es la manipulación de precios mediante la limitación de la oferta o la demanda de bienes y servicios.
"Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias", explicó.
El plazo para esta indagatoria, añadió la Cofece, es de hasta 120 días hábiles contados a partir del 31 de marzo de 2022, mismo que podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, la Ley Federal de Competencia Económica señala que las empresas responsables podrían ser multadas con hasta 10 por ciento de sus ingresos.
Mientras que las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de hasta por 10 años, de acuerdo con el Código Penal.
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