CEOE-Cepyme Huesca y sus organizaciones empresariales integradas han manifestado su «rechazo total» al anteproyecto de ley para la reducción de jornada laboral, aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de la tramitación parlamentaria, por las consecuencias negativas para la competitividad de las empresas.
Han argumentado que «siempre se ha defendido que no se deben modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la fijación de la jornada anual, suponiendo una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en la Constitución».
En este sentido, las organizaciones empresariales han apoyado reducir la jornada laboral a través de la negociación colectiva, pactando una reducción «de forma paulatina, gradual y progresiva», sin que ello suponga una pérdida de productividad para las empresas, que son las que crean y mantienen el empleo, han manifestado.
Además, han recordado que el V Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva por el que los agentes sociales UGT, CCOO, CEOE y Cepyme recogen una serie de compromisos y acuerdos en los que se basan todos los procesos de negociación colectiva consolidando un clima de paz social se suscribió con una vigencia de 2023 a 2025.
Por ello, este año 2025 se inicia con «clima de incertidumbre» respecto a las negociaciones de importantes convenios colectivos de varios sectores con el mantenimiento de las jornadas anuales pactadas en su día, que siguen vigentes y que, por tanto, deberían mantenerse, por una cuestión de seguridad jurídica y de respeto a los acuerdos pactados como fruto del diálogo social, han opinado.
Consecuencias
Asimismo, han asegurado que la reducción de jornada aprobada traería como consecuencia «la pérdida de competitividad y de productividad, encareciendo el coste laboral que genera la subida encubierta de salarios al hacer menos jornada, y con ello, la falta de contratación de nuevos empleados».
Esta situación repercutirá en el ciudadano aumentando el coste de productos y servicios. Además, para las pequeñas empresas el impacto de la reducción de jornada será más difícil de procesar por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral.
Por otro lado, han considerado que no se han tenido en cuenta medidas de flexibilidad para determinados sectores con situaciones especiales que afectan a su productividad y con factores diferenciales.
Por ejemplo, en el sector de la agricultura y ganadería no se pueden obviar las condiciones del campo, la climatología o los ciclos de producción; o en el sector de hostelería y turismo los servicios a clientes durante jornadas completas o la estacionalidad; en el comercio se va a producir una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online.
Han advertido que en lo que se refiere al sector de limpiezas, las empresas que estén subcontratadas por las administraciones públicas se enfrentarán a un aumento de costes que, debido a la normativa vigente, no podrán trasladar a los precios de los contratos con la administración pública, lo que plantea un desafío financiero significativo.
En este momento de tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral como proyecto de ley, pendiente todavía de la segunda aprobación por el Consejo de ministros y su remisión a las Cortes Generales, las organizaciones empresariales, a través de CEOE y especialmente del presidente, Antonio Garamendi, «estamos trasladando a los grupos políticos nuestra visión sobre una medida que va a perjudicar, sobre todo a las empresas más pequeñas».
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