El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este lunes que la negativa del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a incrementar plantillas en los Oficinas de Justicia municipales (OJm) -los actuales Juzgados de Paz- pone en peligro la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En un comunicado, recogido por Europa Press, el sindicato resalta que mientras la norma asigna numerosas funciones nuevas a esas OJm «el Ministerio de (Félix) Bolaños se niega a dotar los puestos de trabajo necesarios para atenderlas» a pesar de que el titular de la cartera de Justicia «no ha cesado de vanagloriarse de la grandísima transformación y modernización de la Justicia que ha supuesto esta norma».
Tras esto, explica el sindicato que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contempla la nueva ley añade otras funciones a esas oficinas como la práctica de actuaciones procesales con residentes o personas que desarrollen su trabajo en el municipio que deban llevarse a cabo mediante videoconferencia; la tramitación de asuntos judiciales que sean competencia de los tribunales de instancia; el apoyo a la gestión de expedientes de Justicia Gratuita; o las solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía, dirigidas a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
También se encargarán, dice, de la colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de controversias existentes en su ámbito territorial; de la colaboración con las administraciones públicas competentes para que se facilite a otro personal de justicia distinto el desempeño ocasional de su actividad laboral en estas instalaciones; y otros servicios que figuren en convenios de colaboración entre diferentes administraciones públicas.
Pasar de la «autocomplacencia»
Así, el sindicato resalta que «pasado el momento de la autocomplacencia por la reforma aprobada» ahora es momento de que Bolaños ponga «los medios suficientes para atender todos estos nuevos servicios», y lamenta que «pretende hacerlo con la misma plantilla de personal funcionario de la que se dispone ahora».
Así, explica que tras las primeras negociaciones, se han percatado de que en el ámbito de gestión no transferido (Extremadura, Baleares, Región de Murcia, Castila-La Mancha y Castilla y León) «hasta en un total de 372 municipios» los funcionarios «sufren unas condiciones de trabajo y retributivas peores que las del resto de personal de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios no jurisdiccionales».
Califica la propuesta del Ministerio de Justicia para esta negociación de «absolutamente decepcionante» porque no se da «ni un incremento de personal ni un incremento retributivo». «Solo un cambio de nombre de lo que ahora son los Juzgados de Paz y agrupaciones que pasan a llamarse Oficinas de Justicia en el municipio, con más trabajo, con el mismo personal y con las mismas retribuciones a pesar de realizar tareas como las de jefatura de servicio por quienes desempeñan el cargo de secretario», lamenta.
Señala, asimismo, que fue el propio Bolaños quien defendió este cambio organizativo como un elemento «básico contra la despoblación de la España vaciada», y explica que «no tiene tampoco ningún empacho en mantener el concepto retributivo de Grupo de Población en virtud del cual el personal destinado en estos Juzgados de Paz percibe una retribución inferior al destinado en el resto de localidades, desoyendo también en este tema las reclamaciones de CCOO».
Al hilo, destaca que «la inmensa mayoría de estas 372 oficinas cuenta con dos funcionarios», y añade que «ni siquiera el número de personal de cada oficina está fijado en función del número de habitantes». Por eso, insiste en que se ajusten las plantillas en función del número de habitantes, algo a lo que por el momento se niega, dice, el Ministerio.
Por otro lado, CCOO informa de que exige a Justicia el incremento de plantilla en otras 159 localidades de todas las provincias de su ámbito de gestión, y advierte de que si el Gobierno no rectifica, «el proyecto de Oficinas de Justicia en el municipio, que constituye, según Bolaños, uno de los pilares de la modernización y eficiencia de la Justicia, va a quedar en agua de borrajas y en un mero acto propagandístico».
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