Desde el 31 de enero, la CIDH informó del otorgamiento de medidas cautelares a favor de integrantes de la comunidad jesuita en el municipio de Urique
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, la Fiscalía General del Estado, anunció que están brindado seguimiento de la mano con la Secretaría de Gobernación a nivel federal.
Lo anterior luego de que el pasado 31 de enero, la CIDH informará del otorgamiento de medidas cautelares a favor de integrantes de la comunidad jesuita en el municipio de Urique por una situación de inseguridad que mantienen por el "riesgo irreparable a sus derechos".
Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dijo que brindan seguimiento puntual a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su entorno y todo lo que deberán implementar para salvaguardar sus derechos.
A través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Distrito Zona Occidente y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comenzaron reuniones con con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a fin de atender lo indicado por el órgano.
"En virtud de que el objetivo es proteger a los miembros de la comunidad, garantizar su seguridad en las labores que realizan, se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades" refiere el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado.
Detallaron que a través de la SEGOB, se busca tener un encuentro con los 11 beneficiarios, sus representantes y las autoridades para concertar las medidas que les permitan continuar con las labores que vienen desempeñando.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha mantenido operativos de seguridad en el municipio de Urique, mediante patrullajes, recorridos e instalación estratégica de puntos de revisión para garantizar la tranquilidad de la zona y dar con la captura de José Noriel P.
G.
alias "El Chueco", quien es acusado de haber privado de la vida a los sacerdotes, un guía de turistas y un joven ciudadano de Cerocahui.
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, la Fiscalía General del Estado, anunció que están brindado seguimiento de la mano con la Secretaría de Gobernación a nivel federal.
Lo anterior luego de que el pasado 31 de enero, la CIDH informará del otorgamiento de medidas cautelares a favor de integrantes de la comunidad jesuita en el municipio de Urique por una situación de inseguridad que mantienen por el "riesgo irreparable a sus derechos".
Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dijo que brindan seguimiento puntual a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su entorno y todo lo que deberán implementar para salvaguardar sus derechos.
A través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Distrito Zona Occidente y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comenzaron reuniones con con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a fin de atender lo indicado por el órgano.
"En virtud de que el objetivo es proteger a los miembros de la comunidad, garantizar su seguridad en las labores que realizan, se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades" refiere el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado.
Detallaron que a través de la SEGOB, se busca tener un encuentro con los 11 beneficiarios, sus representantes y las autoridades para concertar las medidas que les permitan continuar con las labores que vienen desempeñando.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha mantenido operativos de seguridad en el municipio de Urique, mediante patrullajes, recorridos e instalación estratégica de puntos de revisión para garantizar la tranquilidad de la zona y dar con la captura de José Noriel P.
G.
alias "El Chueco", quien es acusado de haber privado de la vida a los sacerdotes, un guía de turistas y un joven ciudadano de Cerocahui.
