Si la inseminación artificial o cualquier otro proceso de reproducción humana asistida, se llevó a cabo con violencia, la pena será de diez a quince años de prisión
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado a fin de modificar varios artículos del Código Penal del Estado y prohibir y castigar a aquellos que realicen procesos de reproducción asistidos a la fuerza.
En ese tenor, se prevé que el artículo 148 exponga la tipificación del delito de inseminación artificial sin consentimiento o a alguna persona menor de edad o con discapacidad.
Por ello, se propone una pena de dos a seis años de prisión.
Mientras tanto, en el artículo 148 Bis se sugiere estipular que la pena interpuesta será de cuatro a siete años de prisión a quienes realicen este tipo de reproducción artificial a mujeres mayores de edad.
Si la inseminación artificial o cualquier otro proceso de reproducción humana asistida, se llevó a cabo con violencia, la pena será entonces de diez a quince años de prisión.
El legislador expuso que se han detectado casos en los cuales personas inducen bajo engaños o presión a mujeres a someterse a procedimiento de inseminación artificial o cualquier otro proceso de reproducción humana asistida, razón por la cual considera indispensable tipificar el delito.
Detalló que en cualquiera de estos proceso de reproducción humana asistida, la vulnerabilidad de las personas involucradas es evidente, pero al coaccionar a alguien para que participe en un proceso que afectará significativamente su vida y la posible llegada de un nuevo ser es una afrenta a la dignidad y la libertad individual.
Por tal motivo, destaca que el proteger la autonomía reproductiva y el consentimiento informado no solo es esencial para la justicia individual, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad basada en principios éticos y respeto mutuo.
Es así como, al imponer penalidades a aquellos que inducen, incitan bajo engaños o presionan indebidamente a otros para participar en estos procesos, se fortalece la protección de la autonomía y se fomenta un entorno en el cual las decisiones relacionadas con la reproducción son tomadas de manera ética y consensuada.
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado a fin de modificar varios artículos del Código Penal del Estado y prohibir y castigar a aquellos que realicen procesos de reproducción asistidos a la fuerza.
En ese tenor, se prevé que el artículo 148 exponga la tipificación del delito de inseminación artificial sin consentimiento o a alguna persona menor de edad o con discapacidad.
Por ello, se propone una pena de dos a seis años de prisión.
Mientras tanto, en el artículo 148 Bis se sugiere estipular que la pena interpuesta será de cuatro a siete años de prisión a quienes realicen este tipo de reproducción artificial a mujeres mayores de edad.
Si la inseminación artificial o cualquier otro proceso de reproducción humana asistida, se llevó a cabo con violencia, la pena será entonces de diez a quince años de prisión.
El legislador expuso que se han detectado casos en los cuales personas inducen bajo engaños o presión a mujeres a someterse a procedimiento de inseminación artificial o cualquier otro proceso de reproducción humana asistida, razón por la cual considera indispensable tipificar el delito.
Detalló que en cualquiera de estos proceso de reproducción humana asistida, la vulnerabilidad de las personas involucradas es evidente, pero al coaccionar a alguien para que participe en un proceso que afectará significativamente su vida y la posible llegada de un nuevo ser es una afrenta a la dignidad y la libertad individual.
Por tal motivo, destaca que el proteger la autonomía reproductiva y el consentimiento informado no solo es esencial para la justicia individual, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad basada en principios éticos y respeto mutuo.
Es así como, al imponer penalidades a aquellos que inducen, incitan bajo engaños o presionan indebidamente a otros para participar en estos procesos, se fortalece la protección de la autonomía y se fomenta un entorno en el cual las decisiones relacionadas con la reproducción son tomadas de manera ética y consensuada.
