Las empresas canadienses de cannabis festejaron la decisión adoptada el miércoles 27 de septiembre por el Senado de los Estados Unidos para eliminar las restricciones bancarias que acosan a esa industria. La votación a favor del SAFER Banking Act augura …
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Las empresas canadienses de cannabis festejaron la decisión adoptada el miércoles 27 de septiembre por el Senado de los Estados Unidos para eliminar las restricciones bancarias que acosan a esa industria.
La votación a favor del SAFER Banking Act augura un cambio real de tratamiento de la seguridad financiera de las empresas de cannabis en los Estados Unidos, que hasta hoy están obligadas a operar en dinero efectivo.
Las empresas canadienses en cambio, que lideran el mercado mundial, entienden esta eliminación de las restricciones bancarias en Estados Unidos como un incentivo para su expansión hacia un mercado diez veces mayor.
Para el empresario estadounidense, la bancarización importa prevenir la enorme cantidad de robos sufridos por la forzosa portación de efectivo.
Tan solo en Oregón durante el año pasado, se reportaron 153 robos a comercios dispensadores y durante la primera semana de octubre el valor de las acciones de las empresas canadienses tuvo su mejor pico de alta en las bolsas norteamericanas sostenido por su potencial de expansión.
La aprobación del proyecto federal: el SAFER Banking Act.
En los Estados Unidos, de acuerdo con el Rohrabacher–Blumenauer amendment de 2014, el Departamento de Justicia federal no puede intervenir en la jurisdicción exclusiva de regulación del comercio del cannabis que es atribución exclusiva de los estados y de las primeras naciones.
Sin embargo, el SAFER Banking Act es una norma de índole financiera y de competencia federal que permitirá a las empresas de cannabis estadounidenses operar bancariamente en todo el país, tan solo mediante la creación un procedimiento de identificación del cliente y el examen de origen de los depósitos de las empresas vinculadas a la industria del cáñamo y cannabis.
El SAFER impactará globalmente.
La asociación de bancos americana también presiona por la aprobación de esta ley, porque vincula a todas las empresas y servicios vinculados a la industria del cannabis del país, y además alcanza a los que organizan jurídica y contablemente sus negocios, a los que alquilan y administran sus enormes terrenos, galpones y comercios en donde se desarrolla la actividad, entre muchos otros negocios relacionados.
El impacto llega a países cuyos sistemas financieros se encuentran imbricados en las regulaciones de la banca estadounidense, como los de Latinoamérica, en donde las empresas del sector también operan en efectivo, como es el caso en Uruguay, pese a ser un país pionero en la liberación industrial del cannabis.
Para las empresas canadienses es un punto de normalización financiera, permitiendo el flujo de capitales directo e interconectado.
Ya los bancos canadienses están ofreciendo cuentas y servicios bancarios a estas empresas a través de sus filiales estadounidenses.
Principales medidas.
Además de la apertura de cuentas bancarias, una de las disposiciones más atractivas del SAFER es la prohibición del cierre de cuenta sin una razón válida.
La nueva legislación también incluye la protección del cobro de salarios de los empleados de esas empresas y la formación de crédito para que puedan recibir ofertas de crédito hipotecario, por ejemplo.
Este fundamental tema bancario-salarial fue causal, del cierre de empresas en Uruguay que pagaban altos montos de salarios en efectivo, en donde las restricciones bancarias se fundan en que la reglamentación estadounidense no permite la circulación internacional de los fondos de esa industria por causa de los SARs (Suspicious Activity Reports).
La nueva ley impone a las entidades financieras que operen con clientes del sector cannábico, que presenten individualmente los SARs considerando expresamente que la renta de esos negocios no es ilegal.
Nuevas reglas de competencia para el sector.
La ley canadiense de octubre del 2018 liberalizó y reglamentó la producción, distribución y comercio exterior del cannabis recreacional.
En julio de 2022, la autoridad de control sanitario, Health Canadá, ya había autorizado 340 micro-licencias para el 38% de los cultivadores y distribuidores del país intentando promover la libre competencia en el sector.
Pero no fue suficiente.
En mayo de 2023, el Competition Bureau, agencia de control de la competencia en Canadá, sometió un informe a Health Canadá con miras a reformar la ley de 2018 y flexibilizar la operatoria del sector.
Sus recomendaciones apuntan a la simplificación del sistema de licencias; al ajuste permanente y congruente de los límites de THC en los productos comestibles para agilizar la adaptación de los productores; a la reducción de las exigencias en el etiquetado y embalaje incrementando el poder comunicacional con el consumidor para un mejor entendimiento de las composiciones de los productos.
Además, el Competition Bureau determinó que las políticas de desarrollo de la innovación, la creación de valor del cannabis industrial que deben desplazar definitivamente a la producción y a la venta ilegal.
Para ello reclama a Health Canada que debería asegurarse un equilibrio jurídico entre la protección de la salud pública de competencia provincial y la libre competencia que es en cambio, de jurisdicción federal.
Los costos de adecuación regulatoria y los impuestos deberán reducirse para facilitar la estandarización de la industria.
La injerencia del Competition Bureau en la reforma del Cannabis Act demuestra el interés nacional por homogeneizar una reglamentación naciente, acompañando la experiencia regulatoria del alcohol y del tabaco en Canadá.
La jurisprudencia también participa en el proceso regulatorio.
Si la libre competencia es concebida en Canadá como una atribución federal, algunas provincias resguardan constitucionalmente su jurisdicción sanitaria sobre el cannabis restringiéndola indirectamente.
El 14 de abril de 2023 la Suprema Corte de Canadá reconoció en Murray-Hall v.
Quebec (Attorney General), que la autorización federal del Cannabis Act de cultivar residencialmente hasta cuatro plantas para uso personal no obstruye la potestad provincial de prohibir y sancionar esa práctica para proteger y asegurar la salud pública que constituye una competencia provincial constitucional.
En una decisión unánime, el máximo tribunal estableció que la prohibición del cultivo residencial mediante ley provincial asegura esos objetivos, pero que simultáneamente, debe incentivarse la integración legal del mercado del cannabis para controlar la calidad de los productos ofrecidos, la educación del consumidor y el cumplimiento de la edad mínima para el consumo entre otros principios de regulación federales.
En efecto, el cuestionamiento de inconstitucionalidad de la prohibición provincial no interfiere con la ley federal porque esta última sólo apunta a la reducción de la criminalidad en el consumo de cannabis que, en Canadá a contrario de los Estados Unidos, es de exclusiva potestad federal.
En conclusión, una ley provincial que prohíbe el cultivo y la posesión de plantas de marihuana sancionando con multas a los infractores no interfiere con la descriminalización federal del consumo.
Un reclamo judicial internacional para tener en cuenta.
La Corte Suprema de Canadá ha sostenido pacíficamente que, sin las acciones de clase, las puertas de la justicia se habrían mantenido cerradas para algunos reclamantes.
Siguiendo ese principio, el 10 de octubre de 2023 la Corte Superior de Ontario, tribunal inferior de la provincia más habitada de Canadá, resolvió en Harpreet Badesha vs.
Cronos Group INC, acerca de un reclamo transfronterizo entre inversores de Estados Unidos y una Cronos, una empresa productora de cannabis de Canadá que opera globalmente salvo como es predecible, en los Estados Unidos.
La sentencia resuelve acerca de la suficiencia del ejercicio de una sola acción de clase en uno de los dos países o si es necesaria en cambio, la impetración de dos acciones similares, simultáneamente una en cada país.
El caso se planteó con dos demandas de clase idénticas, una en cada país por defecto de la información financiera de Cronos INC, que cotiza tanto en el Nasdaq (Estados Unidos) como en el TSX (Canadá).
En ambos casos, las acciones fueron iniciadas por accionistas e inversores estadounidenses.
Amparados por ambas lex mercatus, el Ontario Securities Act por un lado y por el Securities Act por el otro y en sus respectivas reglamentaciones, los reclamantes entendieron que las declaraciones financieras de Cronos sobre sus actividades durante 2019 y 2020 mostraban una sobrefacturación en sus ventas de resina y flores de marihuana.
Lógicamente, Cronos interpuso en Canadá una defensa parcial de forum non conveniens parcial para los inversores del Nasdaq.
La acción de clase resultó certificada en Ontario y la excepción de incompetencia fue rechazada dada la estrecha conexión de Cronos con Ontario.
Efectivamente la empresa se encuentra incorporada en Ontario, su industria no puede operar integralmente en los Estados Unidos, y el TSX fue su mercado inicial de cotización antes que el Nasdaq.
Cronos llegó, además, a un acuerdo con las autoridades del TSX reconociendo su error contable.
Sin embargo, a Cronos, no le fue tan sencillo acordar en el Nasdaq debido a que su actividad no es integralmente lícita a la luz de las leyes aplicables a la misma en de los Estados Unidos.
Tuvo que contratar un auditor independiente en ese país, pagar una multa de U$D 54.
000 y el proceso de investigación de la SEC fue asistido internacionalmente por la Ontario Securities Commission.
Un precedente que demuestra como el compliance de la operación comercial y financiera entre los dos países norteamericanos viene armonizándose progresivamente.
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