El proyecto de decreto fue enviado por la gobernadora Maru Campos y fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sesionó para analizar el proyecto de decreto, enviado por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el cual se busca Reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para desincorporar de la Fiscalía general del Estado, el Sistema Penitenciario, a fin de adscribirlo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Con el voto a favor de los diputados y diputadas Gustavo de la Rosa, Carlos Olson, Ilse América Soto, Margarita Blackaller y Alfredo Chávez y la abstención del Morenista Óscar Castrejón, se aprobó el dictamen, el cual pasará al pleno para su votación.
El secretario técnico de la comisión explicó que dentro de los puntos de la iniciativa, se destacan los siguientes objetivos, son tres líneas de acción que anteriormente presentó la Gobernadora en su Plan Estatal de Desarrollo, en el cuarto eje que hablaba de procuración de seguridad y justicia y resaltó que se le debe dar un trato digno a las personas privadas de su libertad, mejorar los programas integrales, reestructurar el sistema penitenciario, mejorar la infraestructura penitenciaria, entre otras líneas de acción.
En otro apartado se hace referencia a la profesionalización de las personas que integran o vigilan el sistema penitenciario, para que no ocurran circunstancias como los hechos del primero de enero del año en curso, donde se fugaron 30 reos, que causaron la muerte de 17 personas, entre ellas 10 custodios del Cereso número 3.
Todo esto, sin perder la visión, del objetivo que tienen los Centros de Reinserción Social, que es lograr que todos las personas que se encuentran pagando una sentencia por haber cometido un delito, vuelvan a tener las herramientas necesarias para salir al exterior del penal e integrarse de la mejor manera a la sociedad, sin cometer las mismas faltas o recaer en otras de mayor gravedad.
Cada uno de los legisladores, integrantes de esta Comisión, dieron su punto de vista y coincidieron en analizar algunas observaciones que hizo el diputado Óscar Castrejón, quien pide que se agregue un transitorio en el que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dote al Sistema Penitenciario de mandos superiores a los ya existentes, debido a que considera que hay una red de corrupción por parte de los comandantes de los Ceresos y ellos permiten que se generen acciones como cobrar a los internos porque sus familiares y amigos les doten de celulares, artículos personales, artículos de aseo, entre muchos otros objetos para su comodidad, que a veces son utilizados para seguir delinquiendo desde el interior de las cárceles.
De tal forma que cree que debe haber rotación de mandos de manera aleatoria, para que estas malas prácticas se terminen, a ese tema se unió Gustavo de la Rosa, quien detalló que cuando él estuvo a cargo de la dirección del Cereso de Ciudad Juárez, procuraba rotar a los comandantes cada semana o cada quince días.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sesionó para analizar el proyecto de decreto, enviado por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el cual se busca Reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para desincorporar de la Fiscalía general del Estado, el Sistema Penitenciario, a fin de adscribirlo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Con el voto a favor de los diputados y diputadas Gustavo de la Rosa, Carlos Olson, Ilse América Soto, Margarita Blackaller y Alfredo Chávez y la abstención del Morenista Óscar Castrejón, se aprobó el dictamen, el cual pasará al pleno para su votación.
El secretario técnico de la comisión explicó que dentro de los puntos de la iniciativa, se destacan los siguientes objetivos, son tres líneas de acción que anteriormente presentó la Gobernadora en su Plan Estatal de Desarrollo, en el cuarto eje que hablaba de procuración de seguridad y justicia y resaltó que se le debe dar un trato digno a las personas privadas de su libertad, mejorar los programas integrales, reestructurar el sistema penitenciario, mejorar la infraestructura penitenciaria, entre otras líneas de acción.
En otro apartado se hace referencia a la profesionalización de las personas que integran o vigilan el sistema penitenciario, para que no ocurran circunstancias como los hechos del primero de enero del año en curso, donde se fugaron 30 reos, que causaron la muerte de 17 personas, entre ellas 10 custodios del Cereso número 3.
Todo esto, sin perder la visión, del objetivo que tienen los Centros de Reinserción Social, que es lograr que todos las personas que se encuentran pagando una sentencia por haber cometido un delito, vuelvan a tener las herramientas necesarias para salir al exterior del penal e integrarse de la mejor manera a la sociedad, sin cometer las mismas faltas o recaer en otras de mayor gravedad.
Cada uno de los legisladores, integrantes de esta Comisión, dieron su punto de vista y coincidieron en analizar algunas observaciones que hizo el diputado Óscar Castrejón, quien pide que se agregue un transitorio en el que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dote al Sistema Penitenciario de mandos superiores a los ya existentes, debido a que considera que hay una red de corrupción por parte de los comandantes de los Ceresos y ellos permiten que se generen acciones como cobrar a los internos porque sus familiares y amigos les doten de celulares, artículos personales, artículos de aseo, entre muchos otros objetos para su comodidad, que a veces son utilizados para seguir delinquiendo desde el interior de las cárceles.
De tal forma que cree que debe haber rotación de mandos de manera aleatoria, para que estas malas prácticas se terminen, a ese tema se unió Gustavo de la Rosa, quien detalló que cuando él estuvo a cargo de la dirección del Cereso de Ciudad Juárez, procuraba rotar a los comandantes cada semana o cada quince días.
