Permitirá que se investiguen casos de tortura y desaparición forzada de personas
Organizaciones civiles que brindan acompañamiento a víctimas del delito se pronunciaron a favor de la iniciativa que pretende abolir los Criterios de Priorización de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dado que no se investigan los casos de tortura y desaparición forzada de personas, a menos de que se trate de personas de interés político.
Denunciaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos impuso criterios de priorización para atraer la investigación de ciertos casos, por lo que existen 1,745 carpetas por tortura los cuales no se investigan, excepto el caso de Francisco González Arredondo.
Frente a la Torre Legislativa, las integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.
C.
; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Justicia Para Nuestras Hijas y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia respaldaron la propuesta que en el pleno presentará la diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, dentro de la Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario.
Carla Palacios, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte señaló que en los casos de tortura y desaparición no se realizan las debidas diligencias.
Denunciaron que desde el 2017 que se creó la fiscalía especializada solo se realizan investigaciones contadas y la situación empeoró cuando en el
2019 se estableció que solo se actuaría bajo un enfoque de priorización de casos, es decir, a petición de las víctimas se recibirían las carpetas, pero se aplicaría un test de priorización a fin de determinar la atracción o no.
Este principio contraviene las disposiciones y leyes en materia de tortura y desaparición forzada y por particulares, su actuación va en contra de los derechos humanos.
“Con estas acciones el Estado promueve que estos crímenes de lesa humanidad se sigan repitiendo y borra de nuevo una posible construcción de la memoria”.
En su intervención, Norma Ledezma Ortega, directora general de Justicia para Nuestras Hijas señaló que la fiscalía especializada en mención es un elefante blanco más que el Estado crea para simular la investigación.
A su vez Silvia Méndez Hernández directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dijo que tienen que lidiar con las fiscalías porque le han quedado a deber a la ciudadanía.
Señaló que en los 30 casos en materia de desaparición que la organización acompaña sólo 2 han llegado a investigarse, el resto son excluidos y se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia.
Organizaciones civiles que brindan acompañamiento a víctimas del delito se pronunciaron a favor de la iniciativa que pretende abolir los Criterios de Priorización de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dado que no se investigan los casos de tortura y desaparición forzada de personas, a menos de que se trate de personas de interés político.
Denunciaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos impuso criterios de priorización para atraer la investigación de ciertos casos, por lo que existen 1,745 carpetas por tortura los cuales no se investigan, excepto el caso de Francisco González Arredondo.
Frente a la Torre Legislativa, las integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.
C.
; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Justicia Para Nuestras Hijas y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia respaldaron la propuesta que en el pleno presentará la diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, dentro de la Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario.
Carla Palacios, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte señaló que en los casos de tortura y desaparición no se realizan las debidas diligencias.
Denunciaron que desde el 2017 que se creó la fiscalía especializada solo se realizan investigaciones contadas y la situación empeoró cuando en el
2019 se estableció que solo se actuaría bajo un enfoque de priorización de casos, es decir, a petición de las víctimas se recibirían las carpetas, pero se aplicaría un test de priorización a fin de determinar la atracción o no.
Este principio contraviene las disposiciones y leyes en materia de tortura y desaparición forzada y por particulares, su actuación va en contra de los derechos humanos.
“Con estas acciones el Estado promueve que estos crímenes de lesa humanidad se sigan repitiendo y borra de nuevo una posible construcción de la memoria”.
En su intervención, Norma Ledezma Ortega, directora general de Justicia para Nuestras Hijas señaló que la fiscalía especializada en mención es un elefante blanco más que el Estado crea para simular la investigación.
A su vez Silvia Méndez Hernández directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dijo que tienen que lidiar con las fiscalías porque le han quedado a deber a la ciudadanía.
Señaló que en los 30 casos en materia de desaparición que la organización acompaña sólo 2 han llegado a investigarse, el resto son excluidos y se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia.
