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Cerramos el año 2022 con el arranque anticipado de la sucesión presidencial; unos más avanzados que otros han desplegado acciones tendientes a lograr su posicionamiento en el ánimo de la sociedad mexicana; sin embargo, el actor principal de la sucesión es quien dejará el poder en 2024.
El Presidente de la República es quien define la agenda política de su partido y, sin lugar a dudas, es quien pretende fijar las reglas de la competencia, primero con una iniciativa de reforma constitucional que no logró la mayoría calificada para avanzar en el Congreso de la Unión; después, intentando un fraude a la Ley, se presenta el denominado plan B, consistente en un paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral, donde sólo es precisa la mayoría simple para ser aprobada.
Iniciamos con el hecho de que esta reforma se aprobó violentando el proceso legislativo, ya que al ser presentadas las reformas a leyes secundarias debieron turnarse a una comisión de estudio y dictamen legislativo, lo cual no sucedió; se dio el trámite fast track, pasándose al pleno de la Cámara de Diputados para, sin análisis previo, aprobarlas con la mayoría de Morena.
Las diversas propuestas planteadas por Morena en el denominado plan B de la reforma electoral modifican disposiciones legales de diversos cuerpos normativos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de manera particular violan la Constitución política de nuestro país.
El denominado plan B define como premisa fundamental el ahorro de 5 mil millones de pesos, mediante la reestructuración del INE, despidiendo al 85% de sus trabajadores, eliminando facultades al Instituto para la integración del padrón y la lista nominal de electores, así como modificar el calendario electoral; este plan B presidencial tiene como propósito violentar el inicio del proceso electoral, limitar, por no decir eliminar del mapa, al árbitro electoral.
Los partidos políticos integrados en la Alianza Va por México decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se analice por la constitucionalidad de las normas reformadas por Morena; no es posible que mediante esta reforma los servidores públicos en pleno ejercicio de sus funciones intervengan en la propaganda electoral, bajo el pretexto de un libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión; dejando fuera al INE y al Tribunal Electoral de la aplicación de sanciones para evitar este tipo de conductas.
Este debate sobre la intervención de los poderes públicos en los procesos electorales se había estado superando, ya que se reformaron leyes para limitar su actuar; pero esta reforma pretende regresar a los años sesenta y setenta, donde el Estado controlaba las elecciones y limitaba la participación ciudadana.
La Sociedad Mexicana demanda un sistema electoral justo, equitativo, reglas claras y apegadas a derecho; no podemos estar a estas alturas debatiendo cómo se desarrollará la elección de 2024, considero que pueden estarnos distrayendo de lo importante, para en la distracción seguir avanzando en el manejo discrecional de los programas sociales, en los acuerdos con la delincuencia organizada para conseguir su propósito, ganar la elección de 2024 a cualquier costo.
La fórmula es la participación abierta, decidida y firme de los partidos de oposición en la construcción de una coalición que defina una agenda de futuro en el país, pero muy de cerca de la sociedad, particularmente de la clase media que no ha tenido un respaldo, mediante políticas públicas, de parte del Gobierno de Morena.
Cerramos el año 2022 con el arranque anticipado de la sucesión presidencial; unos más avanzados que otros han desplegado acciones tendientes a lograr su posicionamiento en el ánimo de la sociedad mexicana; sin embargo, el actor principal de la sucesión es quien dejará el poder en 2024.
El Presidente de la República es quien define la agenda política de su partido y, sin lugar a dudas, es quien pretende fijar las reglas de la competencia, primero con una iniciativa de reforma constitucional que no logró la mayoría calificada para avanzar en el Congreso de la Unión; después, intentando un fraude a la Ley, se presenta el denominado plan B, consistente en un paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral, donde sólo es precisa la mayoría simple para ser aprobada.
Iniciamos con el hecho de que esta reforma se aprobó violentando el proceso legislativo, ya que al ser presentadas las reformas a leyes secundarias debieron turnarse a una comisión de estudio y dictamen legislativo, lo cual no sucedió; se dio el trámite fast track, pasándose al pleno de la Cámara de Diputados para, sin análisis previo, aprobarlas con la mayoría de Morena.
Las diversas propuestas planteadas por Morena en el denominado plan B de la reforma electoral modifican disposiciones legales de diversos cuerpos normativos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de manera particular violan la Constitución política de nuestro país.
El denominado plan B define como premisa fundamental el ahorro de 5 mil millones de pesos, mediante la reestructuración del INE, despidiendo al 85% de sus trabajadores, eliminando facultades al Instituto para la integración del padrón y la lista nominal de electores, así como modificar el calendario electoral; este plan B presidencial tiene como propósito violentar el inicio del proceso electoral, limitar, por no decir eliminar del mapa, al árbitro electoral.
Los partidos políticos integrados en la Alianza Va por México decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se analice por la constitucionalidad de las normas reformadas por Morena; no es posible que mediante esta reforma los servidores públicos en pleno ejercicio de sus funciones intervengan en la propaganda electoral, bajo el pretexto de un libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión; dejando fuera al INE y al Tribunal Electoral de la aplicación de sanciones para evitar este tipo de conductas.
Este debate sobre la intervención de los poderes públicos en los procesos electorales se había estado superando, ya que se reformaron leyes para limitar su actuar; pero esta reforma pretende regresar a los años sesenta y setenta, donde el Estado controlaba las elecciones y limitaba la participación ciudadana.
La Sociedad Mexicana demanda un sistema electoral justo, equitativo, reglas claras y apegadas a derecho; no podemos estar a estas alturas debatiendo cómo se desarrollará la elección de 2024, considero que pueden estarnos distrayendo de lo importante, para en la distracción seguir avanzando en el manejo discrecional de los programas sociales, en los acuerdos con la delincuencia organizada para conseguir su propósito, ganar la elección de 2024 a cualquier costo.
La fórmula es la participación abierta, decidida y firme de los partidos de oposición en la construcción de una coalición que defina una agenda de futuro en el país, pero muy de cerca de la sociedad, particularmente de la clase media que no ha tenido un respaldo, mediante políticas públicas, de parte del Gobierno de Morena.
Osvaldo
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