El ejecutivo aseguró que el decreto estará listo antes de que termine su sexenio, es decir, en aproximadamente un año
“Ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales, porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en Área Natural Protegida”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de ayer.
El Sol de México buscó a Calica para conocer su postura, pero la empresa declinó hacer comentarios.
El Presidente argumentó que con los terrenos de Calica se podrán crear dos mil hectáreas de Área Natural Protegida (ANP) que permitirá preservar el hábitat para la vida silvestre de la región.
“No las vamos a vender (las tierras) para que sigan haciendo lo mismo; son casi dos mil hectáreas que serán área natural protegida y el resto lo que ya está impactado ahí sí turismo ecológico”,
Además, destacó que enviará una propuesta al Gobierno de Estados Unidos con un avalúo para expropiar dichos terrenos y subrayó que se trata de un acuerdo “muy justo” para la empresa que desde el año pasado mantiene una demanda en contra del Gobierno mexicano por la prohibición de sus operaciones.
Recordó que desde el año pasado denunció que Calica está dañando la ecología de Quintana Roo con actividad minera y por eso decidió detener sus operaciones.
Subrayó que hará un avalúo de la concesión que tiene la firma estadounidense para llegar a un acuerdo.
“Entonces, ¿qué estamos planteando? —todo, de manera razonable—, un avalúo de todo, y ya lo estamos haciendo” con el fin de comprar el terreno de Calica.
Dijo que la zona de Playa del Carmen, Tulum y Cancún y la parte de la mina de Calica ya impactada podrían unificarse para hacer el ANP y recalcó que su Administración tiene pensando dejar toda esa región como reserva natural protegida y más adelante se envía la propuesta a Vulcan Materials.
La compañía estadounidense tiene una concesión en México para explotar material pétreo hasta 2037.
Pero López Obrador acusó que la minera causaba daño a la ecología de la región y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asegurar sus instalaciones en Playa del Carmen.
El 14 de marzo, el Ejército y la Marina, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tomaron las instalaciones de Calica en Playa del Carmen y frenaron sus operaciones.
Congresistas estadounidenses en ese momento denunciaron públicamente la acción de López Obrador y calificaron su orden como arbitraria al invadir propiedad privada de una empresa transnacional, además de acusar que ese tipo de acciones ponen en riesgo las inversiones de su país en México.
El conflicto entre la empresa y el Gobierno federal viene desde la pasada administración.
En septiembre de 2018, Legacy Vulcan, en representación de Calica, presentó una notificación de intención para someter una reclamación en contra del gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN.
Luego de tres meses se confirmó la notificación de arbitraje internacional.
Ya en esta administración, en mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE), en ese entonces dirigida por Graciela Márquez, recibió “la Memorial de Demanda de la Demandante” al amparo del TLCAN.
En el documento se argumentó que México violó disposiciones del TLCAN.
En la demanda, Legacy Vulcan reclamó como compensación el pago de más de mil 900 millones de dólares, que inlcuyen intereses y costos adicionales.
“Ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales, porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en Área Natural Protegida”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de ayer.
El Sol de México buscó a Calica para conocer su postura, pero la empresa declinó hacer comentarios.
El Presidente argumentó que con los terrenos de Calica se podrán crear dos mil hectáreas de Área Natural Protegida (ANP) que permitirá preservar el hábitat para la vida silvestre de la región.
“No las vamos a vender (las tierras) para que sigan haciendo lo mismo; son casi dos mil hectáreas que serán área natural protegida y el resto lo que ya está impactado ahí sí turismo ecológico”,
Además, destacó que enviará una propuesta al Gobierno de Estados Unidos con un avalúo para expropiar dichos terrenos y subrayó que se trata de un acuerdo “muy justo” para la empresa que desde el año pasado mantiene una demanda en contra del Gobierno mexicano por la prohibición de sus operaciones.
Recordó que desde el año pasado denunció que Calica está dañando la ecología de Quintana Roo con actividad minera y por eso decidió detener sus operaciones.
Subrayó que hará un avalúo de la concesión que tiene la firma estadounidense para llegar a un acuerdo.
“Entonces, ¿qué estamos planteando? —todo, de manera razonable—, un avalúo de todo, y ya lo estamos haciendo” con el fin de comprar el terreno de Calica.
Dijo que la zona de Playa del Carmen, Tulum y Cancún y la parte de la mina de Calica ya impactada podrían unificarse para hacer el ANP y recalcó que su Administración tiene pensando dejar toda esa región como reserva natural protegida y más adelante se envía la propuesta a Vulcan Materials.
La compañía estadounidense tiene una concesión en México para explotar material pétreo hasta 2037.
Pero López Obrador acusó que la minera causaba daño a la ecología de la región y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asegurar sus instalaciones en Playa del Carmen.
El 14 de marzo, el Ejército y la Marina, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tomaron las instalaciones de Calica en Playa del Carmen y frenaron sus operaciones.
Congresistas estadounidenses en ese momento denunciaron públicamente la acción de López Obrador y calificaron su orden como arbitraria al invadir propiedad privada de una empresa transnacional, además de acusar que ese tipo de acciones ponen en riesgo las inversiones de su país en México.
El conflicto entre la empresa y el Gobierno federal viene desde la pasada administración.
En septiembre de 2018, Legacy Vulcan, en representación de Calica, presentó una notificación de intención para someter una reclamación en contra del gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN.
Luego de tres meses se confirmó la notificación de arbitraje internacional.
Ya en esta administración, en mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE), en ese entonces dirigida por Graciela Márquez, recibió “la Memorial de Demanda de la Demandante” al amparo del TLCAN.
En el documento se argumentó que México violó disposiciones del TLCAN.
En la demanda, Legacy Vulcan reclamó como compensación el pago de más de mil 900 millones de dólares, que inlcuyen intereses y costos adicionales.
