De ahí la importancia de la reforma constitucional energética, y sus leyes secundarias que probablemente queden aprobadas en la Cámara de Diputados la semana en curso. Contar con empresas públicas en el sector energético da al Estado la capacidad de actuar y de amortiguar impactos de manera mucho más barata que si se es rehén de subsidiar las ganancias de los privados. Como vimos en Chile, el sector es un tema de seguridad nacional. Reino Unido, EU y Europa nos demuestran que el mercado y la privatización del sector no logra disminuir los precios, no aumenta la competitividad, pero eso sí, aumenta la inflación, la pobreza energética y las ganancias de las empresas. Actuar sin fines de lucro en el sector, beneficia a la economía en general. En manos del Estado, el sector es base y motor de la economía, generador de bienestar e impulsor de oportunidades. En manos privadas, se vuelve un extractor de renta que inhibe el desarrollo y el bienestar de la población.
Copyright © 1996-2025 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados. Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.
