El recurso ha sido admitido a trámite mediante Auto de 10 de abril de 2024, razonando que tiene interés casacional objetivo y plantea cuestiones jurídicas de alcance general, referidas a las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo al interponerse …
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El recurso ha sido admitido a trámite mediante Auto de 10 de abril de 2024, razonando que tiene interés casacional objetivo y plantea cuestiones jurídicas de alcance general, referidas a las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo al interponerse por persona no legitimada para ello, que trascienden del caso objeto del proceso, por lo que procede la admisión del recurso por concurrir la presunción legal establecida en el artículo 88.
3.
a) LJCA y el supuesto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia previsto en el artículo 88.
2.
c) LJCA, también invocado por la recurrente.
Los preceptos que, serán objeto de interpretación son los artículos 19.
1.
a) y 69.
b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La cuantía de dicho recurso ascendía a la cifra de 2.
963.
577.
712,50€, y se acordaba la imposición de costas al cliente, sin limitación.
Justificó entonces la Audiencia nacional para inadmitir el recurso que el recurrente adquiría un número escaso de acciones, su conocimiento de las circunstancias esenciales de la opa que le permitían valorar el riesgo que asumía con dicha compra, y el escaso o nulo beneficio que podría obtener de una eventual sentencia estimatoria dada la inviabilidad, al tratarse de una opa voluntaria, de la pretensión de recálculo que se contiene en el suplico de la demanda, cuyo conjunto de factores llevan a concluir que el interés del demandante no era real, efectivo y legítimo para erigirse como parte recurrente en el citado proceso.
La Sentencia contenía un voto particular y un voto particular concurrente.
ADMINISTRATIVANDO ABOGADOS, asumió entonces la defensa letrada del recurrente y presentó escrito de preparación de recurso de casación en el que invocaba la infracción del art.
19 de la LJCA sobre la legitimación activa, así como el art.
56.
1 LJCA, art.
24 CE, art.
26.
2 del real decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y la normativa del mercado de valores en cuanto a las obligaciones de supervisión que se atribuyen a la CNMV, infringiendo los artículos concretos que se relacionan así como los artículos 130 LMV y 9 RDOPAS en relación con el precio equitativo y la tasa WACC.
Como justificación del interés casacional objetivo, se citaban los artículos 88.
3 a) y 88.
2 a), b) y c) de la Ley Jurisdiccional 29/1998 (LJCA) pues si bien existe jurisprudencia sobre la existencia de la legitimación activa para recurrir una resolución de la CNMV al ser accionista, no existe un pronunciamiento del Tribunal Supremo el sentido de si una persona física ostenta legitimación activa para recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa la aprobación de una OPA voluntaria pese haber adquirido las acciones con posterioridad a su anuncio y con independencia del número de acciones que ostente, poniéndose de manifiesto la necesidad de un pronunciamiento del TS respecto a esta cuestión.
Y en tales términos ha sido admitido el recurso de casación, debiendo presentar el escrito de interposición en las próximas semanas.
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