Administrativando Abogados inaugura nueva sede en Canarias, liderada por Acosta & Navarro

Administrativando Abogados, boutique legal líder a nivel nacional en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, continua su expansión territorial con la apertura de una nueva oficina en Las Palmas, Canarias, exactamente ubicada en la Calle Salvador Calderón, cerca de la Ciudad de la Justicia.

Esta iniciativa se realiza a través de una alianza con la reconocida boutique canaria Acosta & Navarro, dirigida por los socios Agustín D. Acosta Hernández y Javier Navarro Betancor, quienes cuentan con más de treinta años de experiencia en el sector, y liderarán la nueva sede.

Antonio Benítez Ostos, Socio Director y fundador de Administrativando Abogados, señala que ambos despachos han colaborado de manera exitosa durante varios años, y considera que es el momento adecuado para fortalecer aún más su relación y trabajar juntos de manera más intensa.  “El liderazgo de ellos en la nueva oficina será todo un éxito”, afirma el letrado.

Alianza

Entre los aspectos fundamentales del acuerdo, se establece que ambas firmas colaborarán en Canarias, abordando casos de alto nivel en su especialidad. Los equipos de ambos despachos trabajarán bajo la dirección y coordinación de Antonio Benítez, Agustín D. Acosta y Javier Navarro.

Además, llevarán a cabo proyectos conjuntos en el ámbito doctrinal, como jornadas y eventos formativos. Desde Administrativando Abogados comentan que se trata de una alianza estratégica que fortalecerá a ambas organizaciones para enfrentar los nuevos desafíos de sus clientes y profesionales, “el mejor servicio al cliente ha sido siempre nuestro valor inspirador e innovador, y por ello, era crucial contar con un partner de máxima calidad como Acosta & Navarro”, subrayan.

Antonio Benítez Ostos expresa que jamás imaginó que la firma alcanzaría un crecimiento tan notable en tan poco tiempo. “Los retos son innumerables, pero todos tienen un objetivo común: crecer exponencialmente en asuntos, éxitos, talento y presencia de marca, manteniendo siempre el rigor y la calidad que nos definen. Estoy seguro de que esta alianza nos consolidará como un despacho referente en Canarias dentro de nuestra área”, concluye.

Desde Acosta & Navarro destacan que “la implementación de este proyecto común surge de la visión y valores compartidos con Administrativando Abogados. Contar con la colaboración de uno de los despachos más prestigiosos de España en nuestro campo nos brinda una oportunidad excepcional para reforzar nuestro compromiso de calidad hacia todos nuestros clientes”.

Trayectoria

Javier Navarro Betancor es un abogado con 24 años de experiencia, especializado en Derecho Administrativo y en litigación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Su expertise abarca el asesoramiento y defensa de administraciones públicas y entidades privadas en temas como contratación administrativa, concesiones de obra pública, contratos especiales, régimen local y responsabilidad patrimonial de las administraciones.

Ha redactado numerosos dictámenes e informes jurídicos para diversos procedimientos de licitación pública, trabajando con Ayuntamientos y Consejerías. También ha proporcionado asesoramiento legal y asistencia en la resolución de conflictos surgidos durante la ejecución de contratos, tanto para entidades públicas como privadas.

Adicionalmente, Navarro ha sido profesor en el Ministerio de Administraciones Públicas (INAP), el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP) y el Instituto Valenciano de Administraciones Públicas (IVAP). Desde 2013, se ha especializado en responsabilidad patrimonial sanitaria, destacándose como el abogado que lideró procesos contenciosos administrativos contra el Servicio Canario de Salud por casos de negligencia médica.

Su labor ha dado lugar a éxitos judiciales de gran repercusión nacional, participando en programas de radio y televisión donde ha abordado temas de responsabilidad sanitaria, incluyendo la violencia obstétrica. En 2023, fue el letrado director en un caso pionero en el que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo reconoció la violencia obstétrica como un derecho de las mujeres durante el parto, sentando un precedente judicial en España y generando la obligación de indemnización por deficiencias en la atención sanitaria.

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